La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha procedido a la detención de otras dos personas vinculadas a la trama de blanqueo de capitales que salpica a la secadora Plus Ultra y que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid junto a la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata del empresario Julio Martínez, relacionado con más de una docena de empresas, y un abogado español. Según fuentes de la investigación, todos los arrestos se produjeron el jueves y hoy quedarán puestos a disposición judicial.
Una de las empresas de Martínez está dedicada a la intermediación en el transporte aéreo de mercancías y personas, actuando como bróker de vuelos comerciales, de cargas, de pasaje y de aviación en general, incluidos vuelos privados.
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Otra de ellas, en la que consta como administrador único, se refiere a la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otros servicios similares al ámbito de la organización y gestión. Vende elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado consultoría de marketing y servicios.
Esta operación policial tiene el origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto blanqueo de dinero procedente de la corrupción venezolana. La policía sospecha que el dinero que obtuvo la compañía del rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno en el 2021 sirvió para pagar tres préstamos concedidos por sociedades que a su vez habían obtenido con el dinero del oro y ayudas venezolanas gracias a la corrupción de funcionarios.
Blanqueo de oro venezolano
Anticorrupción lleva más de un año tras este entramado que tiene tentáculos en España, Venezuela, Suiza, Francia o Panamá y que ha culminado con la detención de cuatro personas, entre ellas el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el CEO, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez, y un abogado.
La policía está investigando cómo el inhibidor recibió una serie de préstamos por parte de unas sociedades. Estas a su vez habrían inyectado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía” (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela).
Este dinero saldría, según la investigación, a otros países para blanquearlo, entre ellos en España con la compra de inmuebles o venta de relojes de lujo, entre otras cosas. Además, hacían préstamos simulados para así con la devolución del dinero este quedaba blanqueado y dentro del circuito legal. Para eso se utilizó Plus Ultra.
Y de esta manera la compañía encontraría la forma de devolver el dinero obtenido del Gobierno español gracias a la inyección de 53 millones de euros dentro del paquete de ayudas por la pandemia.
Según los datos que maneja Anticorrupción, la sociedad que concedió el préstamo a Plus Ultra –y que se le rembolsó íntegramente con dinero público español– vendió oro venezolano por valor de 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes. El dinero recibido acabó en una en una cuenta en Panamá a nombre de otra empresa.
