Mientras la Casa Blanca presiona para intensificar las investigaciones internas sobre filtraciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está renovando discretamente un contrato de ciberseguridad que regula cómo se supervisa, graba y conserva la actividad de los empleados en los sistemas de la agencia para fines de investigación.
La operación, conocida como Servicios de Apoyo a la Ciberdefensa y la Inteligencia, se presenta como un esfuerzo rutinario de seguridad centrado en la supervisión de la red. Sin embargo, los nuevos registros revisados por WIRED detallan cómo el ICE busca ampliar y mejorar la recopilación de registros digitales y datos de dispositivos para investigaciones internas y uso policial.
Lo que averiguamos…
Los registros muestran que el ICE está avanzando con una nueva licitación a medida que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplía las investigaciones de filtraciones e intensifica la supervisión del uso de los sistemas por parte de los empleados. Los documentos descritos métodos para mantener registros exhaustivos de la actividad digital y utilizar herramientas automatizadas para detectar patrones y anomalías, a la vez que se vinculan las operaciones de ciberseguridad con las oficinas de investigación del ICE para agilizar el uso de esos datos en los casos internos.
Más allá de la supervisión de la información privilegiada, el contrato detalla una amplia operación de ciberseguridad que incluye vigilancia constante de las redes del ICE, alertas automatizadas sobre comportamientos sospechosos y análisis rutinarios de registros extraídos de servidores.estaciones de trabajo y dispositivos móviles. Un requisito clave es que estos datos se almacenen y organicen de manera que los incidentes puedan reconstruirse paso a paso, ya sea para revisión de seguridad o investigaciones formales.
El trabajo lo gestiona la Oficina del Director de Información del ICE, que dirige el centro de operaciones de seguridad de la agencia, pero el contrato está diseñado para permitir el traslado de información entre oficinas. Los resultados cibernéticos deben compartirse con las unidades de investigación y supervisión, incluidas las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE, que se ocupa de la mala conducta de los empleados. Esta estructura permite que los datos de actividad digital recogidos con fines de ciberseguridad se utilicen rápidamente en investigaciones internas cuando los investigadores lo requieran.
El ICE no respondió a la solicitud de comentarios.
La expansión del monitoreo interno ocurre mientras la Trump ha presentado la disidencia dentro de las agencias federales como una amenaza, moviéndose agresivamente para identificar y eliminar a funcionarios de carrera percibidos como «desalineados con el presidente», especialmente en roles de seguridad nacional y aplicación de la ley.
Desde su regreso al poder, Trump ha planteado la disidencia interna en términos basados en la lealtad, la malversación o los esfuerzos por socavar deliberadamente al gobierno, citando el desacuerdo político con los objetivos de la administración como razón para el despido.
En respuesta, los funcionarios han centralizado el control sobre la función pública, flexibilizado las protecciones laborales y presionado a los organismos para que identifiquen a empleados considerados resistentes a su mensaje político. Trump ha afirmado abiertamente que las agencias federales están dispuestas a despedir a personas percibidas como «leales», mientras que Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, argumenta que la burocracia se ha convertido en un arma, transformando a la propia administración pública en una fuerza adversaria.
Las listas públicas de vigilancia difundidas por grupos conservadores, la reclasificación masiva de puestos en la función pública y los despidos a gran escala de empleados en período de prueba refuerzan el mensaje de que la disidencia, o incluso la «percepción de deslealtad», conlleva riesgos profesionales.
Un esfuerzo (in) necesario para custodiar los intereses migratorios de Trump
En el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta postura coincide con esfuerzos por debilitar los canales tradicionales de supervisión. Trump destituyó o marginó a un gran número de inspectores generales a principios de su mandato, dejando a las oficinas de vigilancia sin personal suficiente o dirigidas por funcionarios en funciones. Defensores de denunciantes y exfuncionarios de supervisión señalan que esto ha generado un efecto amedrentador, con menos investigaciones internas y escasa protección para los empleados que plantean preocupaciones sobre políticas o mala conducta.
Varios grupos de vigilancia advierten que la ampliación de los sistemas de control, combinada con el debilitamiento de la supervisión, puede desdibujar la línea que separa la ciberseguridad de las represalias. Afirman que las herramientas creadas para detectar infracciones o usos indebidos pueden reutilizarse con facilidad para rastrear a críticos internos, especialmente cuando las garantías de privacidad y la supervisión independiente son limitadas.
