El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Foto: El Espectador – Gustavo Torrijos
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En un comunicado publicado este viernes 19 de diciembre, la Corte abierta Constitucional indicó que mantendrá el incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Por medio “del Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento, presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis e integrada por los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien aclaró su voto, se dio continuación al trámite incidental de desacato iniciado mediante el Auto 2049 de 2025”, indica el alto tribunal.
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Al mismo tiempo, recordó que el incumplimiento puede dar lugar a “a la imposición de las sanciones legales”.
En el comunicado, la Corte Constitucional explica que el pasado 10 de diciembre había abierto un incidente de desacato contra Jaramillo por incumplir una orden que le había dado en otro Auto (el 007 de 2025), relacionada con la suficiencia de la UPC, que es el monto que le paga el Estado a cada EPS por cada usuario.
Específicamente, señala, tenía que ver con el incumplimiento del numeral 3.11., en el cual le daba tres órdenes al Minsalud. La primera consistía en “corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC”. La segunda, indicaba que debía “garantizar la suficiencia real de la UPC sobre la base de lo ordenado por la Corte Constitucional”. Y, la tercera, señalaba que debía “equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera” (algo que, de hecho, según el Minsalud, ya hizo esta semana a través de una resolución, como explicamos en este artículo).
Entonces, dice ahora la Corte, le había dado un plazo de 48 horas al Ministro para que se pronunciara sobre las acciones y medidas adoptadas para cumplir esa orden. “El ministro presentó un informe dentro del término concedido, en el que anunció el cumplimiento de las órdenes dadas y solicitó el archivo del incidente de desacato”, señala el tribunal.
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Sin embargo, a los ojos de los magistrados que tomaron la decisión, las medidas que reportó Jaramillo no evidenciaron que hubo un cumplimiento de las órdenes que le había dado para garantizar la suficiencia de la UPC.
“En ese contexto, la Sala decidió abrir formalmente la etapa probatoria del incidente de desacato, incorporar la documentación allegada por el Ministerio y decretar la realización de una mesa técnica, en atención a la naturaleza de las órdenes que motivaron el incidente de desacato en el Auto 2049 de 2025, la cual se fijará en febrero de 2026”, asegura la Corte que, además, es claro en explicar que dicha audiencia no suspenderá el cumplimiento de las órdenes. dadas.
La Corte Constitucional también señala en el comunicado que negó el decreto de otras pruebas solicitadas por el Ministerio, “encaminadas a que se ordene a las EPS exhibir sus libros contables, así como la práctica de una prueba pericial sobre la suficiencia de la UPC”. A sus ojos, “dichas actuaciones corresponden a competencias propias del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, y no pueden ser trasladadas a la Sala de Seguimiento”.
La UPC, en el fondo del debate
Esta serie de decisiones son tomadas justo cuando todo el sector está a la espera de que el Ministerio de Salud anuncie cuál será el incremento de la UPC para el 2026. Mientras que gremios como la Andi y Acemi, que se reúnen a las EPS del régimen contributivo, pedían un aumento de entre el 15 % y el 17 %, el Minsalud respondió asegurando que estas estimaciones desconocían “los hallazgos oficiales que evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”.
De acuerdo con los datos de la Andi, la siniestralidad para el cierre de 2025 será de 105,9 %. Es decir, que el sistema gastará cerca de COP 106 por cada COP 100 que reciba. En la otra cara de la moneda, el Minsalud aseguró que “los análisis oficiales del Ministerio de Salud demuestran que de cada COP 100 asignados por UPC se ejecutan entre 85 y 97 pesos”.
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