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Con el propósito de otorgar la mayoría de los beneficios economicos a los residentes de la zona fronteriza, la Cámara de Diputados afina la aprobación de un proyecto de ley que prohibiría a los comerciantes de otras demarcaciones vender o instalar negocios en la fronteras.
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el proyecto de leypropuesto por el diputado Rafael Pérez Gómezplantea que solo los comerciantes que residen en las provincias fronterizas puedan operar en los mercados dominico-haitianoscon el objetivo de evitar la migración irregular de vendedores y garantizar que los beneficios del comercio lleguen a los residentes locales.
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La iniciativa modifica varios artículos de la Ley 216-11que regula los mercados en la fronteras dominico-haitiana. De acuerdo con el proyecto, tanto personas físicas como jurídicas deberán demostrar residencia en la provincia donde deseen operar antes de obtener una licencia.
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Los permisos serán otorgados únicamente por las alcaldías locales y la Dirección General de Migración (DGM), con una duración anual renovable, y se prohíbe la instalación de comerciantes provenientes de otras provincias sin la autorización correspondiente.
permisos especiales
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Los comerciantes que no residen en la provincia fronteriza podrán acceder a un mercado fronterizo solo mediante un permiso especial emitido por el Ministerio de IndustriaComercio y Mipymes, el cual estará sujeto a cupos y regulaciones específicos.
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Para garantizar la transparencia y el control, el proyecto dispone que los ayuntamientos deben mantener un registro detallado de los comerciantes autorizadosincluyendo sus datos personales, dirección, tipo de actividad comercial y cualquier información necesaria para el buen funcionamiento del mercado.
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según establece la pieza, será responsable de implementar un sistema de verificacion electronica que permite identificar a los comerciantes autorizadosaplicar sanciones a quienes abren sin permiso y establecen un régimen fiscal especial para los mercados fronterizos.
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Además, las alcaldías actuarán inspecciones periódicasapoyadas por la Policia Municipalel Ministerio de Defensala DGM y la DGII, para supervisar el cumplimiento de la normativa.
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El proyecto también establece sanciones y dispone que quienes abren el pecado licencia podrían enfrentar multas de hasta tres salarios mínimos del sector público y la prohibición de operar en los mercados fronterizos por dos años.
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En ese sentido, las alcaldías que permiten la instalación de comerciantes sin permiso u otorguen licencias irregulares también podrían ser sancionadas según la Ley de Función Pública.
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Los comerciantes que ya operan en los mercados fronterizos sin ser de la fronteras tendrán un plazo de 90 días para adaptarse a las disposiciones de la nueva ley.
Frenado antes de aprobarse
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El proyecto ya fue estudiado totalmente en la comision permanente Delaware Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados y estuvo a punto de ser aprobado en primera lectura, pero fue frenado en el mismo hemiciclo por algunos congresistas que consideraron que necesitaban más tiempo de análisis.
