Los planteamientos que se comparten a continuación derivan de la ponencia: “Educación jurídica y justicia ambiental: estrategias para la formación de defensores de los derechos humanos en la República Dominicana”, presentado en el XIII Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).
La crisis ambiental que atraviesa República Dominicana no es únicamente ecológica; es también pedagógica e institucional. La enseñanza del derecho continúa, en gran medida, anclada a modelos memorísticos y dogmáticos que privilegian la repetición normativa y doctrinal, dejando en un segundo plano la comprensión de los problemas públicos contemporáneos. Esta desconexión debilita la capacidad del sistema jurídico para ofrecer respuestas eficaces a los conflictos socioambientales que afectan directamente la vida de las personas.
En materia ambiental, la brecha formativa resulta especialmente crítica. Las tensiones territoriales, la degradación de ecosistemas y los impactos diferenciados del cambio climático exigen profesionales del derecho con competencias interdisciplinarias, pensamiento crítico y sensibilidad territorial. No se trata únicamente de formar un personal técnico, sino de consolidar una educación jurídica orientada al bienestar colectivo y la protección efectiva de los derechos humanos vinculados al tema.
Desde esta perspectiva, la justicia ambiental emerge como un eje articulador entre la enseñanza del derecho y las exigencias de igualdad, prevención y reparación. Incorporar metodologías activas, experiencias prácticas y enfoques interdisciplinarios permite comprender que el territorio es un espacio vivo donde se manifiestan desigualdades estructurales y donde el derecho debe operar como una herramienta de transformación social.
El contexto dominicano evidencia brechas significativas. A nivel de grado, los planos de estudio carecen de contenidos obligatorios en justicia ambiental, cambio climático, gestión de riesgos o litigio estratégico ambiental. En el ámbito de posgrado, la oferta formativa especializada en derecho ambiental es limitada y, en muchos casos, inexistente. Esta carencia no es neutra: restringe la capacidad institucional del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección ambiental.
Asimismo, la limitada incorporación de metodologías pedagógicas innovadoras —como el aprendizaje basado en casos, las simulaciones, el análisis de impactos regulatorios o la articulación con saberes comunitarios— mantiene la formación jurídica anclada en esquemas que no preparan al estudiantado para enfrentar conflictos ambientales complejos ni para intervenir de manera efectiva en la toma de decisiones públicas.
Un elemento central de esta reflexión es reconocer que la defensa del medio ambiente no recae exclusivamente en profesionales del derecho. Las comunidades y las personas defensoras territoriales poseen conocimientos situados y una comprensión profunda del entorno que resultan indispensables para una tutela efectiva del derecho a un medio ambiente sano. Integrar estos saberes al proceso formativo contribuye a democratizar la producción de conocimiento jurídico y fortalecer la participación ciudadana.
Las discusiones promovidas en el XIII Congreso del IIJ-UNAM confirman que repensar la enseñanza del derecho no es un ejercicio meramente académico, sino una necesidad urgente. Formar juristas con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y comprensión territorial es indispensable para fortalecer el acceso a la justicia ambiental y para responder, con rigor y responsabilidad institucional, a los desafíos climáticos y socioambientales que enfrenta nuestra región.
Reorientar la educación jurídica desde la justicia ambiental y convertir el enfoque ambiental en un componente esencial del pensamiento jurídico constituye, en definitiva, una deuda impostergable. De su abordaje adecuado dependerá no solo de la calidad de las y los profesionales del derecho, sino también de la capacidad del Estado y de la sociedad para garantizar derechos, reducir desigualdades y construir respuestas sostenibles frente a la crisis ambiental contemporánea.
Fuentes:
Ponencia “Educación jurídica y justicia ambiental: estrategias para la formación de defensores de los derechos humanos en la República Dominicana” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1DFzK_hNaCg&t=11879s
Orquídea: 0009-0009-1702-3034
POR DENISSE HARTLING
*La autora es abogada e investigadora especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
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