La fusión de los ministerios de Economía y Hacienda contempla la reducción de empleos de las áreas que son de soporte, ya que áreas como el departamento de recursos humanos de Hacienda puede manejar ambas instituciones, según se explica.
Las áreas misionales en principio no había decisión de disminuir a menos que se justificase, aunque se rumora que hay unos 100 desahucios.
Áreas de potencial reducción disminuirán Legal, recursos humanos, compras, administración, transporte, y otras que no son técnicas / misionales.
Explicación
El Ministerio explicó a Listín Diario que esto es parte del proceso de fusión con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), conforme a la Ley 45-25.
“Se ha puesto en marcha una transición institucional ordenada, transparente y en estricto apego a la ley, orientada a garantizar la eficiencia del gasto público y fortalecer la gestión estatal”, indica.
Como parte natural de toda fusión institucional, se están realizando procesos de integración, traslado, pensión y desvinculación de personal, bajo estricta coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP).
El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha asumido a más de 350 empleados del antiguo MEPyD, mientras que el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) ha incorporado a cerca de 300 colaboradores en su nómina, señala.
Incertidumbre
A más de un año del anuncio en LA Semanal, del Plan de Eficientización y Racionalización de la Administración Pública, la incertidumbre se mantiene en las entidades en proceso de fusión.
El presidente Abinader promulgó, a mediados de julio, la Ley 45-25, mediante la cual se dispuso la fusión formal del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nombrando un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional implicó la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La Ley 45-25, aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
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