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La jueza 79 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, involucrada en la investigación por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según indicó la jueza, la solicitud no puede ser aceptada debido a que se requiere 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral para otorgar la libertad por vencimiento de términos, plazo que aún no ha transcurrido.
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“No está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Noa, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero hoy han pasado”, aseveró la togada.
La exconsejera presidencial para las regiones fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación el pasado 12 de junio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, por su presuntamente hacer parte del entramado de corrupción. El ente investigador la señala de participar en el pago de coimas al entonces senador Iván Name y al representante Andrés Calle, utilizando recursos de la Ungrd.
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El pasado 18 de diciembre, la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó medida de aseguramiento contra los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por su presunta participación en el escándalo de corrupción.
Ambos están imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla, en 2023, habrían comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de asegurar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República.
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Entre estos proyectos figuran la reforma pensional y la reforma a la salud del gobierno del primer mandatario. Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público mediante el presunto direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000 millones, y cinco proyectos más en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por más de COP 40.000 millones.
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