Crónica de un ajuste anunciada. El Estado que vive a crédito (1/2) – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El año 2025 se a pesar de dejar una sensación incómoda, difícil de verbalizar, pero imposible de ignorar. No es una crisis abierta. No es un colapso visible. Es algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del desequilibrio.

Vivimos en un país que aparentemente avanza, pero que internamente se financia a fuerza de crédito. Un Estado que no reforma, no corrige y no transforma, sino que patea hacia adelante sus problemas, financiándolos con deuda. Deuda para cubrir el déficit. Deuda para pagar deuda. Deuda como rutina administrativa.

No se trata de un juicio ideológico. Se trata de una constatación matemática. El endeudamiento público, que en cualquier país responsable debería ser una herramienta excepcional —reservada para emergencias o

grandes proyectos transformadores—, se ha convertido entre nosotros en un hábito. Una muleta permanente para sostener un aparato estatal ineficiente, sobredimensionado y, en muchos casos, mal gestionado.

Este ha sido, sin exageración, uno de los períodos de mayor endeudamiento de la historia republicana. Y, paradójicamente, uno de los que menos reformas estructurales ha producido. No se ha modernizado el Estado. No se ha hecho más eficiente la administración pública. No se ha reducido el despilfarro.

Simplemente se ha pedido prestado… otra vez.

El círculo es perfecto en su lógica, pero devastador en sus consecuencias: como el Estado no funciona bien, hay que pedir dinero para que funcione; y como no funciona, se vuelve a pedir dinero. Una dinámica que

puede sostenerse políticamente por un tiempo, pero que fiscalmente es insostenible.

La deuda no es un concepto abstracto. No vive en informes técnicos ni en presentaciones oficiales. Vive en el futuro. Vive en los impuestos que aún no se han cobrado. Vive en los ajustes que todavía no se anuncian.

Vive, sobre todo, en la clase media, que intuye —aunque no use tecnicismos— que cada préstamo de hoy es un sacrificio de mañana.

La clase media sabe algo fundamental: cuando llega la hora de “ajustar”, nunca se ajusta el poder. Se ajusta al que paga.

Ese ajuste no siempre se anuncia con claridad. A veces llega de forma silenciosa, casi quirúrgica. Y uno de los mecanismos más eficaces para ejecutarlo sin protestas masivas es la inflación… combinado con la omisión deliberada del Estado.

Aquí es donde el debate deja de ser económico y pasa a ser jurídico y moral. La ley dominicana es clara en cuanto a la indexación salarial. No es una sugerencia. No es una recomendación técnica. Es una obligación legal diseñada para evitar que la inflación se coma, poco a poco, el salario real de los trabajadores.

Sin embargo, el presupuesto aprobado para el 2026 ignoró esa obligación. No por descubierto. No por error. Por decisión. Cuando el Estado no indexa salarios en un contexto inflacionario, permite que la inflación haga el trabajo sucio: recortar ingresos sin anunciarlo, empobrecer sin asumir el costo político, transferir su

incapacidad de gestión directamente al bolsillo del ciudadano.

El salario se mantiene en papel, pero disminuye en la vida real. El dinero alcanza menos. El mes se acorta. La angustia crece. Y el Estado recauda sin decirlo.

Esa práctica no es neutral. Es profundamente regresiva. Golpea con más fuerza a quienes viven de su trabajo, a quienes no tienen mecanismos de protección patrimonial, a quienes no pueden trasladar costos ni refugiarse en estructuras de poder.

Una democracia que viola su propia ley fiscal para sostener su gasto no está gestionando: está desplazando su fracaso hacia los ciudadanos que cumplen.

Así se construye, silenciosamente, un ajuste. No con grandes anuncios ni discursos dramáticos, sino con omisiones estratégicas, con inflación tolerada y con deuda acumulada sin rumbo claro.

El problema no es endeudarse. El problema es endeudarse sin transformar. El problema es pedir prestado sin reformar el Estado, sin corregir sus fallas estructurales y sin ofrecer resultados tangibles a la población.

Al cerrar 2025, el país no enfrenta aún un ajuste formal. Pero enfrenta algo quizás más inquietante: un ajuste en gestación, distribuido en cuotas invisibles, pagadas día a día por quienes sostienen el sistema con su trabajo.

En la próxima entrega de esta crónica, la pregunta ya no será cómo llegamos hasta aquí, sino qué ocurre cuando el Estado falla en lo esencial, cuando los servicios colapsan, cuando la corrupción cruza líneas morales y cuando el país, literalmente, se detiene.

Porque un ajuste anunciado no siempre comienza con números. A veces comienza con apagones.

Por Radomiro Peña Abogado