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- Autor, María Elena Navas
- Título del autor, BBC News Mundo
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Tiempo de lectura: 8 minutos
Se llamó Operación Causa Justa. Su objetivo: derrocar al entonces líder de facto de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a quien Estados Unidos acusaba de narcotráfico.
Se realizó en diciembre de 1989, cuando el entonces presidente estadounidense, George WH Bush, envió millas de soldados al país para detener a Noriega, quien había estado al frente de un régimen militar durante seis años.
La operación concluyó en enero de 1990 con la rendición y arresto de Noriega.
Ahora, 36 años después, una nueva intervención militar de Estados Unidos en el continente recuerda el episodio panameño: la Operación Resolución Absoluta, cuyo objetivo fue capturar al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump acusa de narcotráfico.
En ambos casos, los líderes capturados fueron llevados a Estados Unidos para enfrentar la justicia en ese país.
Por ahora no se sabe lo que ocurrirá en Venezuela.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina después de que Trump diera a entender que ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington: «No tiene alternativa», indicó el mandatario.
¿Pero qué ocurrió en Panamá tras la caída de Noriega?
La invasión
Antes de consolidar su poder para convertirse en dictador de facto de Panamá, Noriega había sido una pieza clave en la geopolítica de la Guerra Fría, manteniendo vínculos de larga data con las agencias de inteligencia estadounidenses.
Pero a mediados de los 1980, sus relaciones con Washington comenzaron a deteriorarse y cuando salieron a la luz sus actividades delictivas y su asociación con otras agencias de espionaje, Estados Unidos lo acusó formalmente de varios cargos vinculados con el tráfico de drogas.
En 1989, la hostilidad entre ambos países se incrementó después de que Noriega anulara las elecciones generales celebradas en mayo y comenzara a reprimir violentamente a la oposición.
En diciembre de ese año, alegando temores por la seguridad del Canal de Panamá y las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Noriega, Bush ordenó la Operación Causa Justa.
Bush envió unos entonces 2.000 soldados para reforzar la guarnición de más de 10.000 miembros de las fuerzas armadas que ya se encontraban estacionados en la zona del Canal de Panamá. Posteriormente incrementó la fuerza a más de 24.000 soldados.
Cuando comenzó la invasión el 20 de diciembre de 1989, las fuerzas panameñas fueron rápidamente superadas.
Y el 3 de enero de 1990, Noriega, después de escapar y evadir la captura, fue entregado y fue trasladado a Estados Unidos, donde fue declarado culpable y condenado a 40 años de cárcel.
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las repercusiones
Ya antes de la invasión, la economía panameña estaba devastada, en gran parte debido a las sanciones que Estados Unidos había impuesto un año antes para forzar la salida de Noriega.
En diciembre de 1989, el diario Los Ángeles Times, informó: «Las sanciones impuestas en marzo de 1988 no lograron presionar a Panamá lo suficiente como para forzar la salida del dictador Manuel A. Noriega, como esperaban las autoridades estadounidenses».
«Las sanciones, sin embargo, destruyeron la que fue una próspera industria bancaria y de blanqueo de capitales del país y desencadenaron una fuga masiva de capitales a decenas de paraísos fiscales en el extranjero».
Así, después de incumplir el pago de su deuda, Panamá cayó en una profunda recesión, con un desplome del PIB y con más de un tercio de panameños viviendo con US$2 al día.
Los analistas entonces pronosticaron que se necesitarían varios años para reconstruir la economía panameña y borrar el impacto de los acontecimientos de 1989.
Pero pocos días después de la invasión, el Tribunal Electoral de Panamá se apresuró a reestablecer el gobierno constitucional, restituyendo los resultados de las elecciones que habían sido celebradas en mayo, y que presuntamente había ganado a Guillermo Endara.
El 27 de diciembre de 1989 se confirmó la victoria de Endara como presidente y de Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón como vicepresidentes.
Endara se planteó el poder enfrentardo las críticas de quienes lo consideraban un «títere» de Estados Unidos.
Al informar sobre su ceremonia de juramentación, el 1 de enero de 1989, la revista Tiempo escribió:
«El jueves, el nuevo presidente, bajo la protección de soldados estadounidenses, abandonó la base para pronunciar su primer discurso ante la Asamblea Nacional. Se comprometió a liderar ‘un gobierno de reconstrucción y reconciliación’. Pero ya en ese momento su incipiente régimen ostentaba claramente la etiqueta de ‘Hecho en EE.UU.'».
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Durante su mandato de cinco años, Endara enfrentó dificultades para depurar las instituciones públicas, reconstruir la devastada economía nacional y disminuir la delincuencia.
Endara, quien murió en 2009, dijo en una entrevista con Los New York Times en 1990 que, dadas las circunstancias, le habría sido fácil rechazar la presidencia y que aunque se había opuesto a la acción militar estadounidense, decidió aceptar el cargo.
«La historia quizás hable mal de mí», dijo sobre esa decisión. «Ciertamente sabía que los latinoamericanos no me tendrían mucho aprecio. Pero moral, patriótica y cívicamente, no tenía otra opción. Tenía que hacerlo».
Tras Endara, Panamá ha completado siete traspasos pacíficos de poder, incluido el de Martín Torrijos, hijo del general Omar Torrijos, quien tomó el poder con un golpe de Estado en 1968 y fue líder militar hasta su caída en 1981.
La economía panameña comenzó gradualmente a mejorar después del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, con el regreso de la inversión extranjera.
El papel de Washington
La influencia de Estados Unidos en el país, sin embargo, no terminó con el fin de la invasión. Aunque los soldados se fueron relativamente rápidos, Washington siguió desempeñando un papel en la conformación del futuro de Panamá.
«Su influencia persistió a través de canales políticos, económicos e institucionales», explica la profesora Adriana Marin, catedrática de relaciones internacionales de la Universidad de Coventry, Inglaterra.
«Washington apoyó un papel fundamental en la configuración de la arquitectura de seguridad de Panamá, impulsando la abolición del ejército y la creación de un modelo de seguridad basado en la policía. También influyó en la política económica mediante la ayuda, las instituciones financieras y la integración comercial», le dice la experta a BBC Mundo.
Este tipo de «gobernanza indirecta», explica, fue crucial y demostró cómo después de una intervención militar puede seguirse ejerciendo una influencia sin recurrir a una ocupación.
«Esta lección continúa configurando hoy en día las relaciones de Estados Unidos con América Latina», señala Marín.
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Punto de inflexión
En 1999 ocurrió un punto de inflexión en la economía de Panamá.
En diciembre de ese año, Estados Unidos devolvió el control total del Canal de Panamá, un hito logrado bajo los Tratados Torrijos-Carter de 1977 que establecieron la transferencia de la administración, operación y mantenimiento de la vía interoceánica de manos de Estados Unidos a Panamá.
Desde entonces, el Canal ha sido una historia de éxito con importantes mejoras, una expansión en 2016 y un enorme sector de apoyo de transporte y logística que ha contribuido millas de millones de dólares al país, convirtiéndose en un referente regional con un crecimiento promedio del 5% anual.
Socialmente, sin embargo, el panorama en el Panamá tras la invasión estadounidense, es más oscuro.
La incursión de 1989 provocó cientos de muertes de civiles y el desplazamiento de unas 20.000 personas, como informó en 1995 la Misión de Asistencia Técnica de la ONU en Panamá, después de que numerosos hogares en varios distritos, como El Chorrillo, quedaran totalmente destruidos.
Como explica Adriana Marín, ha habido poco reconocimiento de las pérdidas y poca rendición de cuentas y, como resultado, la reconciliación social ha sido incompleta.
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¿Un éxito estratégico?
Es innegable, sin embargo, que la invasión de 1989 y la destitución de Noriega allanaron el camino para la democracia panameña. El régimen militar terminó, las elecciones se volvieron rutinarias y el gobierno civil se estabilizó.
¿Se puede considerar entonces que fue un éxito para Estados Unidos?
«La respuesta depende de cómo definimos el ‘éxito'», afirma Adriana Marín. «La estabilidad se construyó sobre una ruptura impuesta desde el exterior, en lugar de una transición interna negociada».
«El poder se reestructuró bajo una intensa influencia estadounidense, lo que planteó interrogantes persistentes sobre la autonomía política, la dependencia de las élites y hasta qué punto la democracia panameña posterior a la invasión se vio moldeada por decisiones internas y no por presiones externas».
La invasión, además, dejó en la población heridas profundas que siguen latentes, y cuestiones morales y reclamos históricos que quedaron olvidados y no se han logrado resolver.
Pero lo más importante, agrega la experta, es que la invasión de Panamá sentó un precedente poderoso.
«Demostró que la soberanía en el hemisferio occidental era condicional, sujeta a la interpretación estadounidense de la democracia, la seguridad y la legitimidad. Esto fue problemático porque debilitó la idea de que todos los Estados son iguales ante el derecho internacional», señala Marín.
«Esto ha generado incertidumbre para los Estados más pequeños, cuyos gobiernos pueden ser tachados de ‘ilegítimos’ cuando entran en conflicto con los intereses estadounidenses».
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