La iniciativa fue presentada, tras un amplio proceso de concertación, en un encuentro con directivos de entidades empresariales y de los funcionarios públicos vinculados a la materia. El acto fue encabezado por el director ejecutivo de la Dgapp, Andrés Lugo Risk, quien explicó que la modificación responde a las lecciones aprendidas durante los primeros casi seis años de aplicación del régimen APP.
“Una buena ley no solo debe proteger el interés público, también debe permitir que los proyectos se ejecuten en tiempos razonables, con reglas claras y con un Estado que pueda actuar con agilidad, sin perder control ni transparencia”, afirmó Lugo Risk.
El funcionario señaló que, si bien la Ley 47-20 significó un paso logro para institucionalizar las alianzas público-privadas en República Dominicana, la experiencia ha demostrado que el marco vigente resulta complejo y poco adaptable a la diversidad de proyectos, lo que ha retrasado la materialización de iniciativas que podrían estar generando empleo, inversión y mejores servicios para la población.
«Muchos proyectos que podrían estar transformando comunidades y mejorando servicios tardan demasiado tiempo en avanzar. No porque no sean buenas iniciativas, sino porque el marco normativo actual es complejo y poco flexible», explicó el director ejecutivo de la Dgapp.
Dijo que la propuesta de modificación busca reducir los tiempos de estructuración y adjudicación, fortalecer la capacidad técnica de las instituciones públicas, y mejorar la bancabilidad y el atractivo financiero de los proyectos para inversionistas y entidades financieras, de forma que puedan ejecutarse con mayor rapidez y solidez.
Entre los principales ejes se encuentran la introducción de procedimientos más ágiles y diferenciados según la complejidad de los proyectos; la creación de equipos técnicos APP dentro de las entidades ejecutoras; y el establecimiento de un Fondo Especializado para la estructuración de proyectos, que permitirá financiar estudios de preinversión y acelerar el paso desde la idea hasta la licitación.
Asimismo, la iniciativa fortalece la gobernanza del sistema mediante la formalización del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, y moderniza el régimen económico de las APP para facilitar el cierre financiero, incluyendo ajustes al tratamiento fiscal y al esquema de riesgos.
Lugo Risk enfatizó que el anteproyecto no implica una relajación de los controles, sino más bien una eliminación de trámites que no agregan valor. «La transparencia, la competencia, la rendición de cuentas y el control del interés público se mantienen como pilares. Lo que se elimina es lo que retrasa el proceso y lo que no mejora la protección del Estado», indicó.
