La gran operación inmobiliaria de Azul de Cortez, en México, en la que intervino Jordi Pujol Ferrusola, multiplicó las inversiones iniciales por seis, según ha admitido esta mañana en el juicio que la Audiencia Nacional celebra contra la familia Pujol al completo y nueve empresarios que supuestamente les pagaron comisiones a cambio de concesiones en obra pública.
El testigo, José Gomis Cañete, que era director de la compañía Isolux-Corsán, ha dicho que multiplicó “por seis” la inversión realizada. Entre cinco socios compraron las 750 hectáreas por más de 10 millones de euros y las vendieron a la propia compañía Isolux-Corsán por una cifra que no acaba de quedar clara.
El fiscal sostiene que fueron 126 millones de euros y dos testigos -el propio Gomis y quien fuera consejero delegado del proyecto de Azul de Cortés, Antonio Portela, también testigo esta mañana- creían recordar que estaba alrededor de 70 u 80 millones.
Todo se hizo “bajo la más absoluta legalidad”, según Gomis, que fue uno de los principales socios de la inversión.
En aquella operación, añadió el ejecutivo, el hoy acusado en el juicio Luis Delso y aportaron el 64% del capital, Pujol Ferrusola el 21’5%, el inversor canario Julio Bonis un 12% (también sería gestor del proyecto sobre el terreno) y otro inversor un porcentaje menor.
El negocio en Baja California consistía en la urbanización de un paraíso frente al mar de 75 hectáreas y con campo de golf.
Gomis tradujo a euros: él y su socio aportaron inicialmente 6’5 millones de euros, Pujol 2’5 y Julio Bonis 1’2.
La operación consistía en la compra de un espectacular terreno frente al mar en Baja California, con 2’5 kilómetros de línea de costa, y cinco kilómetros tierra adentro, en el que se preveía construir una urbanización turística de lujo, campo de golf incluido.
El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, preguntó al testigo Gomis si era cierto -fue una de las acusaciones más llamativas contra Pujol Ferrusola durante la investigación policial y judicial- que su aportación al proyecto de Azul de Cortez hubiera sido de un peso mexicano: “Eso no es verdad”, ha asegurado.
Sí es cierto que el fideicomiso -una figura jurídica necesaria en México para la constitución de la sociedad de inversión- se fijó en ese precio, por parte de todos los inversores, lo cual es perfectamente legal.
“Si esta es la prueba de carga nos vamos”, dice en un descanso un letrado de la defensa. “Pero ya vendrán los de la UDEF”, añade otro, en referencia a la unidad policial de delitos financieros, que hizo los informes sobre los negocios de la familia Pujol.
Por ahora, todo el foco de la acusación -por los testigos citados hasta la fecha- recae en Jordi Pujol Ferrusola.
Portela aseguró que la operación mexicana se hizo con “todas las precauciones”, y que incluso se pidieron dos nuevas valoraciones a analistas externos que dieron incluso mejor valoración que la que había tenido en cuenta la compañía. Portela negó que la presencia de Pujol Ferrusola, con su condición de hijo del presidente Pujol y su proyección pública, pudieran tener efectos de ningún tipo sobre el proyecto. “No necesitábamos cautelas” en ese sentido, dijo Portela. Pujol había dejado de ser presidente cinco años antes.
También han comparado en la sesión de este jueves los opercdores inmobiliarios de Palamós que tuvieron relación con un negocio de Mercè Gironès, entonces esposa de Jordi Pujol Ferrusola.
La acusación de la fiscalía dice que el matrimonio recibió fondos del Grupo Copisa -cuyo ex presidente, Josep Cornadó, está imputado en esta causa- a través de Promopalamós.
Si la esposa de Pujol Ferrusola ganó 4’5 millones de euros con unos terrenos en Palamós fue a causa de la burbuja inmobiliaria, según dos testigos
Mercè Gironés había comprado estas fincas a su cuñado en diciembre de 2002 por 217.000 euros. Estaban en un terreno calificado como “rústico no urbanizable”, pero esa condición cambió con el tiempo y Promopalamós las compró el 26 de julio de 2006 por 4.808.096,58€, con una diferencia por tanto de más de 4’5 millones de €.
Promopalamós era una firma inmobiliaria creada poco antes por Aglomerats Girona, que se dedica a la obra pública; algunas veces, según ha explicado el testigo Esteve Ayats, socio único de la firma de Girona, en unión temporal con Copisa.
Si crearon Promopalamós fue para aislar el negocio civil de la construcción de vivienda. Si luego no se construyó nada allí fue porque justamente estalló la burbuja inmobiliaria. “Por terrenos colindantes se había pagado igual o más, nosotros pagamos un precio de mercado”, aseguró Ayats.
Uno de los testigos para hoy, Francisco Castillo, no pudo ser localizado por el tribunal, así como otros seis previstos para futuras sesiones. Al juicio no ha asistido hoy ningún miembro de la familia Pujol. El único acusado presente era el empresario Luis Delso.
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