Bernardo Moreno fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe.
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El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, de los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados por el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El alto tribunal le ordenó pagar más de COP 354 millones al exalfil del uribismo.
La decisión inició que Moreno deberá reembolsar al Estado el dinero que el Dapre pagó como indemnización en el proceso de reparación directa por el escándalo del DAS. Una vez el fallo quedó en firme, el alto tribunal dispuso que el dinero fuera entregado directamente al Dapre.
El caso se originó por los seguimientos al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo de Jesús Pérez Espinosa, y se basa en las revelaciones hechas por Jorge Lagos, exjefe de inteligencia del DAS, quien salpicó a Moreno al asegurar que el exdapre recibía información sobre togados del alto tribunal.
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Aunque el caso de Pérez Espinosa abrió la investigación contra Moreno, las comunicaciones de los togados Juan Pablo Espinosa Tirado, María Elena Tirado Uribe, Mónica Espinosa Tirado, Rosalyn Peña Hernández y Bladimir Cuadro Crespo también fueron interceptadas en el escándalo de las chuzas del DAS.
A partir de esas declaraciones, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra. En 2010, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 20 años a Moreno, al concluir que se había extralimitado en sus funciones. Según el Ministerio Público, el exdirector del Dapre participó en reuniones con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para obtener información reservada sobre el empresario Ascencio Reyes y sobre magistrados de la Corte Suprema.
En la reconstrucción de los hechos, el Consejo de Estado detalló que Moreno convocó una reunión el 24 de abril de 2008 en la Casa de Nariño con funcionarios del DAS y la UIAF, atribuyéndose competencias que no tenía, con el fin de acceder a información reservada sobre viajes y actividades de magistrados, lo que constituyó una clara extralimitación de funciones.
Sobre el monto de la condena, el Consejo de Estado concluyó que Moreno debe asumir la totalidad del valor pagado por el Dapre, al comprobarse que, en su condición de director, cumplió la realización de actividades irregulares de inteligencia y tuvo un papel decisivo en el daño causado. Así, la Sala fijó la condena inicial en COP 224 millones, suma que corresponde al porcentaje de indemnización que cobró el Dapre en el proceso de reparación directa a las víctimas, valor que actualmente asciende a COP 354.074.968.
Los procesos judiciales contra Bernardo Moreno
Por los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantadas desde el antiguo DAS, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno a ocho años de prisión domiciliaria, al considerarlo determinante del delito de violación ilícita de comunicaciones. Sin embargo, en julio de 2017, un juzgado de ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional, luego de que cumpliera 57 de los 96 meses impuestos en la sentencia.
De manera paralela, el 20 de mayo de 2025 la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena contra Moreno por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público, dentro del mismo proceso por las chuzadas del DAS, que incluyó interceptaciones ilegales a opositores políticos, periodistas y magistrados.
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Moreno fue una de las figuras centrales de este escándalo durante el gobierno de Álvaro Uribe. La Sala de Casación Penal lo condenó inicialmente el 28 de abril de 2015, decisión tras la cual el expediente regresó a la Corte Suprema para resolver el recurso de impugnación especial, mediante el cual se buscaba la revisión y eventual modificación del fallo.
En esa primera providencia, la justicia comenzó que entre 2007 y 2008 Moreno y la entonces directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado —también condenada—, aprovecharon sus cargos de alta jerarquía y “acordaron desplegar trabajos de inteligencia contra servidores públicos con el propósito de obtener información que luego filtraron a los medios de comunicación para desprestigiar ante la opinión pública a quienes la Presidencia de la República consideraba opositores políticos”.
Según lo probado en el proceso, el DAS llegó a infiltrarse la Corte Suprema de Justicia y, se demostró, que «ordenó la instalación de dispositivos que grabaron las sesiones de Sala Plena. De esta forma, obtuvo información sobre las discusiones jurídicas que los magistrados sostuvieron en la antesala de la emisión de decisiones cruciales en los procesos que investigaban los vínculos de congresistas, algunos cercanos a la Presidencia de la República, con grupos armados al margen de la ley».
El fallo también concluyó que el DAS reclutó funcionarios y personal de seguridad de la Corte “que entregaron copias de piezas procesales reservadas e información personal de los magistrados y auxiliares, con la que formó un banco de datos de consulta permanente y diseñó el perfil político de los dignatarios”.
Entre las víctimas de estas interceptaciones ilegales se encontraron congresistas de la oposición, como el hoy presidente Gustavo Petro y la fallecida senadora Piedad Córdoba; el periodista Daniel Coronell; y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Alfredo Escobar Araújo, Carlos Isaac Náder y Rafael Ostau de Lafont, entre otros.
En su decisión más reciente, el alto tribunal sostuvo que “la Fiscalía probó, más allá de duda razonable, la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad de los procesados en tales conductas y no encontró motivos razonables que conllevaran su revocatoria”.
Asimismo, precisó que efectivamente “hubo un acuerdo entre exfuncionarios para adelantar trabajos ilegales de inteligencia desde el DAS que incluyó incluso el uso de gastos reservados para pagar testigos que contribuiran a desprestigiar a blancos definidos con anterioridad”.
La Corte concluyó que Moreno Villegas, uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe, participó en una reunión en la que se impartieron instrucciones para ejecutar estas irregularidades desde el organismo de seguridad. Además, señaló la sentencia, era quien impartía “órdenes ejecutivos a la dirección del DAS y evaluaba los resultados de las tareas de inteligencia conforme al interés del Gobierno”.
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