La Superintendencia Nacional de Salud respondió al reciente pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la crisis en el flujo de recursos del sistema de salud y aseguró que comenzará actuando “con contundencia” en el marco de sus competencias de inspección, vigilancia y control, en un contexto marcado por la intervención forzosa administrativa de varias de las principales EPS del país.
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En un comunicado publicado este viernes, la Supersalud señaló que, una vez reciba el documento oficial de la Contraloría titulado “Advertencia a la Supersalud y amplía llamado al Ministerio de Salud por grave crisis en el flujo de recursos del sistema”, tendrá en cuenta sus hallazgos para seguir adelantando las acciones que le corresponden y adoptar las medidas a que haya lugar, además de dar traslado a las entidades competentes.
La Superintendencia Nacional de Salud reiteró que no gerencia las EPS bajo intervención forzosa. Foto:supersalud
Dentro de la comunicación oficial, la Supersalud enfatizó que no gerencia ni administra las EPS intervenidas y que, ante lo que calificó como una crisis estructural del sistema —advertida previamente a la opinión pública—, continuará ejerciendo sus funciones para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Asimismo, expresó que comparte la preocupación de la Contraloría por la situación financiera del sistema y que actuará con total transparencia frente a los hallazgos del organismo de control y de los demás entes competentes.
“Es preciso reiterar una vez más que la Superintendencia Nacional de Salud no gerencia ni administra las EPS intervenidas, y que, ante la crisis estructural del sistema, que se ha advertido a la opinión pública en comunicados anteriores, seguirá adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del Sistema”, destacó la Supersalud.
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La respuesta de la Supersalud se produce luego de que la Contraloría reiterara una advertencia emitida desde 2023 y ampliará su llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al alertar por el grave deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria. El órgano de control señaló que, pese al aumento del giro directo de la Dirección, la deuda de los hospitales públicos se incrementó de manera significativa y que persisten pagos tardíos, parciales o inexistentes por parte de las EPS, lo que ha profundizado la asfixia financiera de la red pública.
La Supersalud carece, según expertos, de las herramientas necesarias para resolver la crisis de la EPS Foto:supersalud
La Supersalud nombra a interventores y aprueba el plan de acción, pero “no administra”
Más allá de ese contexto general, la discusión se concentra ahora en el alcance real de las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud frente a las EPS que se encuentran bajo medida cautelar de intervención forzosa administrativa para administrar, una figura jurídica que implica la remoción del gerente y de la junta directiva de la aseguradora y el nombramiento de un interventor designado directamente por el superintendente de Salud.
Actualmente, la Supersalud se mantiene bajo esta medida cautelar a varias de las EPS con mayor número de afiliados en el país. Entre ellas se encuentran Coosalud, con 3,3 millones de afiliados; Nueva EPS, con 11,5 millones; Famisanar, con 2,9 millones; Savia Salud, con 1,6 millones; Asmet Salud, también con 1,6 millones; SOS EPS, con 747 mil afiliados; y Emssanar, con 1,7 millones de usuarios.
En todos estos casos, la administración ordinaria de las EPS quedó en manos de interventores designados por la Superintendencia, que ejercen como auxiliares de la justicia, y sólo será devuelta a sus órganos directivos originales cuando las entidades salgan de la medida cautelar.
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Este escenario ha generado cuestionamientos frente a la afirmación reiterada de la Supersalud de que “no administra” las EPS intervenidas, cuando la propia denominación jurídica de la medida —intervención forzosa administrativa para administrar— establece de manera expresa que se trata de una toma de control administrativo temporal de la entidad intervenida.
Bernardo Camacho Rodríguez, superintendente de Salud. Foto:ministrada
En ese sentido, es clave señalar que la Supersalud de manera directa no controla las EPS intervenidas, pero sí lo hace el agente interventor, quien es designado por el propio superintendente de Salud. Además, la Supersalud es también la encargada de aprobar el plan que presenta el interventor para buscar mejorar los indicadores de la aseguradora.
Es decir el control de la EPS no lo hace la Supersalud, pero la entidad sí revisa y aprueba el plan planteado por el interventor que, además, es nombrado directamente por el Superintendente, lo que puede dar pie a casos donde este administrador de la justicia pueda verse coaccionado o coartado en su actuar.
Según explica Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad directa de la administración recae formalmente en el interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud. «Porque en realidad el que administra es el interventor. Entonces se supone que el interventor tiene la autonomía para administrar la entidad intervenida, una EPS, una clínica o un hospital si son intervenidos».
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Sin embargo, el exministro advirtió que la experiencia práctica ha mostrado un escenario distinto, en el que esa autonomía se ve condicionada por decisiones políticas y directrices de alto nivel. “En estricto sentido, desde el punto de vista legal, el que asume la responsabilidad directa de la administración es el interventor. Pero desde el punto de vista de la praxis y de la política, en este caso lo que hemos visto es que esos interventores han estado sujetos a las directrices en gran medida del gobierno al más alto nivel, comenzando por la propia superintendencia”, afirmó Galán, al señalar que en distintos momentos ha sido evidente que las órdenes provienen de la autoridad que decreta la intervención y ejerce el control sobre el proceso.
De hecho, en noviembre del año pasado, y tan solo días después de su llegada a la dirección de la Superintendencia de Salud, Bernardo Camacho, actual Superintendente de Salud, cambió los interventores de varias de las EPS bajo medidas cautelares.
Los nuevos interventores posesionados el 14 de noviembre tienen formación y experiencia amplia en salud pública, administración, calidad, auditoría, derecho y gestión financiera. Entre ellos están Alexander Mesa (Coosalud), Bety Anaya (Capresoca), Carlos Betancur (SOS), Germán Gallo (Famisanar), Ilsen Jaramillo (Emssanar), Laín López (Asmet Salud) y William Salgado (Savia Salud). Para Nueva EPS, entidad que se maneja bajo una superintendencia ad hoc designada por la Presidencia, fue nombrada Luis Oscar Galves.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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