La declaratoria se formalizó mediante una orden ejecutiva firmada por el mandatario, la cual también establece la imposición de aranceles adicionales a las importaciones provenientes de cualquier país que proporcione, de forma directa o indirecta, petróleo a la República de Cuba.
En el decreto, Trump sostiene que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de este país”. Bajo ese argumento, la administración justifica la activación de medidas excepcionales para responder a dicha amenaza.
El documento señala además que el régimen cubano mantiene una estrecha alineación con “numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos”, entre los que menciona a Rusia, China, Irán, y organizaciones como Hamás y Hezbolá. Según el texto, La Habana facilita a estos actores el desarrollo de infraestructura, así como capacidades militares y de inteligencia, que “amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La orden ejecutiva también argumenta que el gobierno cubano representa un riesgo para la política exterior estadounidense al respaldar actividades terroristas y contribuir a la desestabilización regional mediante flujos migratorios irregulares y episodios de violencia. “El régimen comunista persigue y tortura a sus oponentes políticos; niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa; se aprovecha corruptamente de su miseria, y comete otras violaciones graves a los derechos humanos”, añade el documento.
¿La intervención en Venezuela se replicará en Cuba?
La disposición contempla la posibilidad de modificar las condiciones, incluidos los aranceles, si el Gobierno de Cuba o los países afectados adoptan medidas que se consideran “suficientemente alineadas” con los intereses de Estados Unidos para atender la emergencia nacional declarada.
No obstante, la decisión ha generado dudas sobre las futuras intenciones de la administración estadounidense, ya que las condiciones y justificaciones expuestas guardan similitudes con los argumentos utilizados antes de la intervención en Venezuela.
Poco antes del operativo que culminó en el arresto de Nicolás Maduro Trump ordenó un bloqueo “total y completo” a todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos. El mandatario acusó al país sudamericano de apropiarse de activos como el petróleo y otros recursos energéticos, y señaló al gobierno de Maduro de “financiarse a sí mismo, así como al terrorismo vinculado al narcotráfico, al tráfico de personas, a los asesinatos y los secuestros” mediante la explotación de estos recursos.
La propia Casa Blanca reconoce: “Esta no es la primera vez que el presidente Trump adopta una postura firme contra regímenes hostiles: sólo en los últimos meses ordenó ataques contra la infraestructura nuclear de Irán y autorizó operaciones para sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela, dejando claro que los dictadores y los Estados patrocinadores del terrorismo rendirán cuentas por sus actos”.
Petróleo como mecanismo de presión
Tras la publicación del decreto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que Trump, bajo un discurso que a su juicio carece de fundamentos, “pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”. El mandatario denunció que la nueva medida refleja “la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con multas puramente personales”.
La imposición de aranceles a los países que suministran crudo a la isla podría profundizar la crisis energética que enfrenta Cuba desde 2024 y que se agravará tras el bloqueo de los envíos procedentes de Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos en ese país.
