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La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (codopima), junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), interpusieron este lunes una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley 98-25que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
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Según los gremios, los artículos impugnados imponen cargas económicastécnicas y administrativas desproporcionadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad, el empleo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
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Fernando Pinalespresidente de codopimaafirmó que respaldan la protección del medio ambiente, pero criticó que la «contribución especial«se calcula sobre ingresos brutossin relación con la generación real de residuos, y puede aumentar hasta un 500 % los pagos de empresas de menores ingresos.
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Mediante una nota de prensalos empresarios advierten que la ley vulnera la libertad de empresaobliga a pagar tributos incluso a compañías inactivas y afecta especialmente a los sectores con márgenes regulados, donde la rentabilidad neta es mínima.
Impacto económico y operativo en las MiPymes
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Además, señalan que las MiPymes fueron excluidas de la comisión prevista en la ley, pese a representar el 98% del tejido productivo del país.
- el artículo 16según el bloque, impone auditorias anualescertificaciones de biodegradabilidad y restricciones de importación sin estudios de impacto económico, afectando la operatividad y competitividad de los pequeños y medianos industriales.
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«Defendemos el medio ambiente, pero no a costa de la quiebra de las MiPymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo», expresaron los gremios, quienes reiteraron su disposición al dialogo ya soluciones sostenibles que equilibran la protección ambiental con la producción nacional.
