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republica dominicana ha llegado al punto de registrador, solo en el último año, 379.553 haitianos en situación migratoria irregular, pero sostener acciones de controlar migratorio como estas ante la mirada internacional ha sido un reto constante para las autoridades.
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La isla de santo domingo se desarrolló como el espacio de dos repúblicas que crecieron en contextos históricos, políticos y económicos distintos. Sin embargo, una constante sostenida por más de un siglo ha sido el intercambio migratorio entre ambas naciones.
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Con el deterioro progresivo de la sociedad haitiana, acentuado por grandes terremotos y por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en poco menos de dos décadas la vida en ese país se transformó en una lucha por la supervivencia, lo que profundizó la migracion irregular hacia la parte oriental del territorio.
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En distintos momentos, la republica dominicana ha tenido que fijar posturas claras para controlar el impacto de esa migración, decisiones que han generado graves cuestionamientos de la comunidad internacionalque suele justificar sus críticas en los crecientes niveles de vulnerabilidad en Haití.
Deportaciones a inicios de siglo
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es 2005la Organización de las Naciones Unidasa través de su Agencia para los Refugiados (Acnur), criticó el aumento de las deportaciones es republica dominicanaen un contexto marcado por la inestabilidad tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide.
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En ese momento, el descontento social por el deterioro económico y la corrupción se intensificaba en Haití, mientras el estado dominicano endurecía su política migratoria para mitigar el aumento de los flujos migratorios.
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es abril de ese año, el asesinato de una mujer y la agresión a su pareja en Montecristi, atribuidos a tres ciudadanos haitianos, motivaron a las autoridades de Migración a iniciar amplios operativos deportación de trabajadores haitianos.
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El 18 de ese mes, el entonces presidente Leonel Fernandez respondió a las críticas señalando que la republica dominicana tiene derecho a deportar a extranjeros en condición ilegal, como lo haría cualquier Estado, y que esa práctica formaba parte de su política migratoria.
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“El tema de la migración es siempre la expresión de la soberanía de un país y eso ha definido la republica dominicana”, dijo, según reportes de la prensa de la época.
La polémica sentencia sobre nacionalidad
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Cuando el Tribunal Constitucional emitido la sentencia TC/168/13que redefinió los criterios de nacionalidad para hijos e hijas de extranjeros en situación migratoria irregular desde 1929, y con la posterior entrada en vigencia de la Ley 169-14 de Naturalización, el país se enfrentó a uno de los episodios de denuncias más severas en materia migratoria.
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Organismos como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y el propio Gobierno haitiano cuestionaron duramente el giro de la política migratoria dominicana bajo la administración del entonces presidente Danilo Medina.
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- Se estimaba que más de 200.000 personas podrían quedar en condición de apatridia con la aplicación de ese marco regulatorio.
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A raíz de la puesta en marcha del Plan Nacional de Regularizacióna finales de 2013el Gobierno tuvo que responder a una ola de especulaciones en torno a una medida cuyo propósito era conducir a la legalización documental de las personas que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2011.
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En los años siguientes, la administración medina desmintió de manera reiterada que se estuvieran vulnerando derechos fundamentales y defendió que la política se aplicaba conforme a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico dominicano.
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el 26 de junio de 2015el jefe de Estado defendió su política migratoria ante la Cuadragésima Quinta Asamblea del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y calificó como una campaña sucia los ataques recibidos desde distintos sectores.
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Semanas después, en una entrevista para CNN ampliamente difundida, el canciller vigente Andrés Navarro neg que se cometieron violaciones de derechos humanos en los procesos de repatriación y acusó al Estado haitiano de encabezar una campaña de descrédito internacional contra el país.
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De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 288.000 haitianos adquirieron un estatus legal mediante ese plan de regularización.
Abinader y el endurecimiento migratorio
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El magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021seguido por un terremoto de 7.2 en la escalada de Richter meses después, terminó de destruir la ya frágil estructura del Estado haitiano.
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Estos hechos profundizaron una crisis humanitaria sin precedentes y activaron las alertas del estado dominicano ante un inminente aumento de la migracion irregular.
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Las deportacionesel anuncio de la verja perimetral fronteriza y otras medidas provocaron presiones de la comunidad internacional para que el país detuviera las repatriaciones.
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es noviembre de 2022el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türksolicitó al gobierno dominicano detener las devoluciones forzadas a haití, a lo que el presidente Luis Abinader respondió: “La política migratoria de cada país es potestad de cada Gobierno, por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables”.
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es 2024el cancelador Roberto Álvarez calificó de insensata, ante la ONU, otra solicitud para que el país detuviera las repatriaciones de haitianos indocumentados en medio del contexto de inseguridad que vivía esa nación.
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Durante una reunion trimestral para dar seguimiento a la situación haitianaÁlvarez afirmó que “el gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones, pues esto equivaldría a declarar una frontera abierta e incentivar una mayor. migracion irregular”.
- Ante los avances limitados de la Misión Multinacional en Haití, encabezada por Kenia, el gobierno dominicano decidió a finales de ese año deportar hasta 10,000 haitianos por semana.
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La actual administración se ha enfrentado a múltiples cuestionamientos y Amnistía Internacional ha criticado en reiteradas ocasiones lo que califica como políticas antihaitianas.
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es marzo de 2025la organización calificó las medidas como “políticas migratorias racistas” y exhortó al estado dominicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos sin discriminación.
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Más adelante, tras la implementación del protocolo hospitalario de identificación de extranjeros, que buscaba frenar el número de partos de haitianas en hospitales públicos, la ONG denunció la deportación de mujeres embarazadas y lactantes.
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Aunque hubo respuestas oficiales, fue en julioen medio del dialogo nacional sobre Haití, cuando el presidente Abinader respondió con dureza a una nueva crítica de la organización. Como se dice en el argot popular dominicano, el gobernante «mandó a bañar a la organización» pidiéndole que enfocara sus esfuerzos en combatir las bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano.
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“El país va a seguir haciendo lo que está haciendoque es respetando su ley migratoria y cuidando la República Dominicana; que se vaya Amnistía a luchar contra las bandas en Haití”, expresó el jefe de Estado, visiblemente exaltado.
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Este sábado, la CIDH reiteró su preocupación por políticas migratorias que podrían afectar el ejercicio de derechos de personas en movilidad en la republica dominicanay llamó al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos.
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el gobierno dominicano respondió mediante un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanosal tiempo que defendió el cumplimiento de su marco legal interno en materia migratoria.
