Currículum e información rápida
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La semana pasada, el presidente español Pedro Sánchez y Elon Musk protagonizaron una pelea digital bien subida de tono.
Sánchez el anunciado propósito de que España prohíba a los menores de 16 años el acceso a redes sociales y obliga a sus propietarios a responder penalmente por los contenidos ilícitos.
Musk reaccionó en X tildando a Sánchez de tirano, fascista y traidor del pueblo español. A Sánchez le brotó entonces el populismo literario y echó mano del Quijote: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.
Sin duda la tragedia de este siglo es el uso indebido de las redes sociales; destruyen la democracia y causan un daño irreparable a los menores de edad.
Lo grave es que las medidas regulatorias para enfrentar esa tragedia no han resultado efectivas y la voluntad política de los Estados no es muy firme, menos ahora en medio de la ola conservadora que recorre a buena parte del mundo y de lo cual se aprovechan las grandes empresas de tecnología reactivas a los controles.
La Unión Europea es la más avanzada en regulación orientada a la protección digital de los menores de edad. Sin embargo, no tiene suficiente aplicacióna diferencia de Australia en donde desde diciembre de 2025 rige la prohibición de que los menores de 16 años utilicen redes sociales. Allí se creó la Comisión de Seguridad Electrónica con la potestad de regular directamente a las plataformas y ordenar la remoción inmediata de contenidos dañinos.
Muchos países están siguiendo la senda de Australia; No solo castigar si no prevenir. En Portugal se propone la utilización de una “llave digital” conectada con el registro civil para verificar la edad del menor que pretende inscribirse en una red.
En Colombia se expidió la Ley 2489 de 2025 con el fin de “promover entornos digitales sanos y seguros” para los menores de edad. Dicha ley es más bien una declaración de principios y, aunque crea el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación, este puede resultar siendo inoperante en tanto que involucra a muchas entidades estatales sin una articulación clara. Por lo pronto se está a la espera del respectivo decreto reglamentario.
