Esta semana, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió un comunicado de alerta nacional frente a un proyecto de decreto del Ministerio de Salud que podría obligar al traslado de más de seis millones de colombianos hacia la EPS intervenidas. Según la Mesa, estas medidas estructurales pondrían en riesgo la continuidad de tratamientos críticos y vulnerarían el derecho de libre elección, al asignar a los usuarios a entidades con indicadores de atención deficientes y sin permitirles decidir a cuál aseguradora quieren trasladarse.
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El pronunciamiento detallado que la Nueva EPS recibiría más de 3,1 millones de afiliados, mientras que Savia Salud y SOS recibirían cientos de millas más. En ese sentido, la organización advierte que la concentración de usuarios en EPS con capacidad limitada podría agravar los problemas existentes, como el colapso de urgencias, la falta de medicamentos y la interrupción de tratamientos, además de generar un impacto negativo sobre el talento humano del sistema.
En entrevista con EL TIEMPO, Álvaro Enrique Molina, vocero de la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud, insiste en que estas decisiones no solucionan la crisis humanitaria actual y hace un llamado al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para proteger la vida y los derechos de los pacientes.
¿Por qué ustedes están en contra de esta medida del Gobierno que podría mover más de seis millones de pacientes hacia EPS intervenidas?
En las EPS intervenidas todos los indicadores de atención son pésimos. El gran número de PQRs, el gran número de tutelas, el gran número de desacatos, la movilización de la ciudadanía que viene creciendo cada vez más… Si no se logra con los usuarios que hoy tienen, ¿cómo será con el traslado de otra población que puede que esté siendo atendida mejor? Al llegar a esa EPS intervenida esos usuarios van a generar todavía mayor presión, van a generar mayor dificultad porque son más personas para atender. Esta medida no resuelve en ninguna parte el problema de hoy, que es la crisis humanitaria que estamos teniendo y por eso nosotros levantamos la mano.
Si el Gobierno insiste con esta medida, ¿qué puede pasar con los pacientes?
Pues cuando uno lee el decreto dice que en cinco días hábiles la Superintendencia deberá enviar al Ministerio de Salud el listado de las EPS receptoras que no son otras sino las que están actualmente, y que el Ministerio en cinco días hábiles hará las asignaciones a las EPS. Después, las EPS que reciben a los usuarios tienen como mínimo cinco días hábiles para mirar cómo van a atender a esos pacientes. Es decir, en 20 días calendario van a trasladar a todos los pacientes y van a colapsar la red.
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Administrativamente hablando, ustedes que conocen muy bien el sistema, ¿consideran que cinco días hábiles son suficientes para la movilización de más de seis millones de afiliados? ¿Y qué podría generar en términos administrativos que en apenas cinco días a alguien lo llamen y le digan “Venga, pasó de Savia Salud a EPS X y esta va a ser su nueva EPS”; ¿Sin que usted tenga capacidad de decisión?
Bueno, este es un tema importantísimo y ha sido fundamental para los usuarios, y es que siempre hemos tenido libre escogencia. Yo escojo la EPS que me atiende, buena o mala, intervenida o no intervenida; yo como usuario tengo ese derecho, y yo asumo mi responsabilidad y digo “atiéndame X o atiéndame Y”. Y con este decreto, es el Gobierno el que decide para dónde voy. Después de 60 días, puedo trasladarme o solicitar el traslado de EPS, pero solo entre las EPS que hayan sido habilitadas en el departamento o en el municipio donde vivo. Si en ese departamento o municipio solo hay una EPS habilitada, pues su libertad de elección se perdió. Es decir, si el Gobierno lo traslada a una EPS intervenida y usted no quiere, igual le toca irse a la que ellos definen.
Pero adicionalmente, y esto ya lo hemos visto, cuando se han liquidado EPS y se han hecho traslados a EPS receptores eso ha sido un caos tanto para la EPS, como para la red prestadora y para los usuarios, porque no conocen la ruta de atención. Y más en el caso de las enfermedades de alto costo: un paciente oncológico que hoy lo están atendiendo en la red de una EPS y lo pasan a otra EPS va a tener una red completamente distinta, le van a truncar su tratamiento.
La medida del Gobierno, según expertos, podría empeorar la grave crisis del sistema. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
¿Queda entonces vulnerado el derecho a la libre elección?
Se vulnera completamente, se rompe. Para poner un ejemplo: en el departamento del Chocó está Comfachocó y Nueva EPS. Tengo que escoger entre esas dos y no puedo escoger entre Salud Total, Sura o Sanitas. No. Solo puedo elegir entre esas dos.
En caso de que el Gobierno no escuche lo que ustedes y otros actores están diciendo y termine tomando la decisión de avanzar con la expedición de este decreto tal como está, ¿qué medidas tomarán?
Indiscutiblemente, nosotros desde la sociedad civil, desde la ciudadanía y desde los usuarios, tomaremos acciones jurídicas. Interpondremos las acciones de nulidad contra el acto administrativo. Acudiremos a la Corte Constitucional por la vulneración de derechos y por poner en riesgo un derecho fundamental: la vida. No es, como decía el presidente, que el sistema de salud va bien porque las EPS lloran mucho; los que estamos llorando somos los usuarios y los pacientes. No descartamos incluso la movilización.
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Y a propósito de que el mayor receptor de usuarios sea la Nueva EPS, una aseguradora que lleva dos años bajo control del Gobierno y ha empeorado sus indicadores, ¿qué piensan los usuarios?
Esa es la angustia más grande. Yo creo que esto nos alarma más. Hoy los usuarios de la Nueva EPS y de la mayoría de las EPS intervenidas han visto un deterioro en la prestación de sus servicios de salud durante este proceso de intervención. Incluso muchos usuarios han comenzado a retirarse de la Nueva EPS para ir a otras EPS en las que puedan lograr una atención oportuna. Y ahora con esto nos van a devolver a la Nueva EPS. Pero no es solo la Nueva EPS; es Savia Salud y SOS Entre estos tres se están moviendo casi cuatro millones de usuarios de los seis millones seiscientos mil que van a ser trasladados según el proyecto de decreto. Esto preocupa mucho por la atención que van a recibir, por los tratamientos en curso que no se van a garantizar y se van a interrumpir.
Entre Nueva EPS, Savia Salud y SOS recibirían casi cuatro millones de nuevos afiliados. Foto:Supersalud / Archivo EL TIEMPO
Si tuviera la oportunidad de hablar con el ministro de Salud, ¿qué le diría?
Nariz. Ha sido un personaje que no nos ha escuchado. Las actitudes del ministro hacia los usuarios y pacientes son terribles. Decir que unos niños que fallecen porque no les entregan sus medicamentos igual se iban a morir… O que los que lloran son los grandes ricos del país… El ministro no ha visto las urgencias colapsadas en hospitales públicos y privados, ni hospitales con más del 120% de ocupación. No ha visto a los que van a llorar a urgencias porque no les entregaron su medicamento o no recibieron atención. Los mayores indicadores de falta de prestación de servicios están en las EPS intervenidas. Uno no sabe qué decirle a una persona que debería, solo por ser humano y por ser médico, tener el principio de defensa de la vida. Las decisiones del ministro hacen daño a los colombianos, usuarios y pacientes, y no como él dice, que es a la EPS oa los ricos. Muy seguramente mientras hablamos hay alguien llorando a un familiar que falleció porque no recibió atención médica oportuna.
En ese sentido, su llamado directo y conciso hacia el Gobierno, si pudiera decirle una sola frase, ¿cuál sería?
Cese las hostilidades contra los usuarios y los pacientes colombianos y cumpla las órdenes de la Corte Constitucional.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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