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El Gobierno oficializó un nuevo estado de emergencia económica, mediante la expedición del decreto 0150, con el fin de enfrentar la situación que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba.
El Ejecutivo argumenta que la ola invernal ha generado una situación extraordinaria que requiere recursos adicionales y medidas urgentes.
Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 181 municipios de 16 departamentos.
La entidad calcula, según se lee en el decreto, que hay unas 87.054 hectáreas afectadas por las inundaciones.
En el caso de Córdoba, uno de los territorios más afectados, las inundaciones han provocado la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y problemas en la prestación de servicios esenciales.
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones.
Para el Gobierno, estas circunstancias constituyen un hecho sobreviniente e imprevisible que habilita la declaratoria de una nueva emergencia económica con el fin de movilizar recursos.
El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica, se adoptarán medidas para recaudar alrededor de COP 8 billones. Estos recursos se destinarían a atender los daños provocados por la ola invernal.
Según la cartera, los ajustes tributarios tendrían un enfoque progresivo. En particular, se plantean modificaciones al impuesto al patrimonio para que el recaudo provenga de los patrimonios más altos, específicamente aquellos superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
El Gobierno sostiene que estos recursos permitirían responder de manera más ágil a la emergencia climática y movilizar financiamiento adicional frente a los costos que deja la temporada de lluvias.
Los cambios propuestos en el impuesto al patrimonio afectarían principalmente a las empresas, una jugada que no es bien vista por algunos analistas, quienes recuerdan que una de las recomendaciones de la OCDE es aliviar la carga tributaria de las compañías.
Por el momento no se conocen más medidas que vendrían con la emergencia económica, pues estas deben ser incluidas en un nuevo decreto, como sucedió con la emergencia decretada en diciembre, que hoy se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional.
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