NUEVA YORK – Una delegación de funcionarios del gobierno de Puerto Rico se reunió esta semana en Washington DC para insistir en la importancia de los fondos Medicaid de cara a lo que se conoce como el “abismo fiscal” o cuando, en el 2027, expira la última extensión de fondos federales aprobada en el Congreso para el funcionamiento del programa en el territorio.
El grupo, encabezado por el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatzargumentó sobre la necesidad de que el Congreso logre una solución permanente al problema de la caducidad de fondos.
Un comunicado de prensa de ese organismo legislativo este miércoles señala que Rivera Schatz conversó con el representante republicano Brett Guthriepresidente del Comité de Energía y Comercio, organismo con jurisdicción primaria sobre el programa. También se celebraron reuniones con el republicano Buddy Carter, miembro de dicho comité y del Subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio. Otros encuentros incluyeron a los republicanos Carol Miller, que integran el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y su subcomité de Salud; Ryan Mackenzie y Morgan Luttrell.
En cuanto a demócratas, los penepés se reunió con los senadores Martin Heinrich, Ben Ray Luján y Richard Blumenthal.. En la Cámara Baja, los intercambios fueron con Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata del Congreso; Steny Hoyer y Darren Soto.
El exgobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, forma parte de la comitivaasí como los senadores Carmelo Ríos y Ángel Toledo.
“El financiamiento de Medicaid es un asunto salubrista, fiscal y estratégico. La expiración de estos fondos tendría consecuencias directas para nuestros pacienteshospitales y profesionales de la salud. Puerto Rico merece estabilidad y trato equitativo dentro del marco federal”, indicó en las declaraciones escritas Rivera Schatz sobre la visita a la capital federal.
Según el presidente senatorial, el objetivo es garantizar la asignación presupuestaria más allá del 2027 “y evitar cualquier interrupción en servicios esenciales que atienden a una población vulnerable significativa en la isla”.
“Estamos llevando a cabo un planteamiento estructurado y fundamentado ante los comités con jurisdicción primaria sobre Medicaid.. Esta es una gestión coordinada, responsable y estratégica para proteger la estabilidad del sistema de salud de Puerto Rico”, aseguró.
La vigencia de los fondos de los que se benefician los pacientes bajo Medicaid en la isla expirarán el 30 de septiembre de 2027.
Contrario a los estados, Puerto Rico por ser un territorio, está sujeto a límites de financiamiento tanto para Medicaid como para otros programas federales. En el caso del referido programa de salud, lo anterior significa que, cuando la isla alcanza el límite, el gobierno federal deja de igualar o parear el gasto.
En Puerto Rico, Medicaid opera bajo una subvención en bloque que se aprueba en el Congreso. Esto no otorga flexibilidad al territorio para, por ejemplo, ampliar la cantidad de dinero en casos de emergencias como desastres naturales o pandemias cuando podrían aumentar los costos por atención médica.
El financiamiento para Medicaid se basa en el Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP), que varía según el estado. En el caso de Puerto Rico, actualmente, la FMAP es del 76%. Esto significa que, por cada dólar que Puerto Rico gasta en Medicaid, el gobierno federal cubre $0.76. «Los FMAP se calculan generalmente mediante una fórmula que calcula FMAP más altos para los estados más pobres. Los FMAP de los territorios no se basan en esta fórmula», especifica un informe de Human Rights Research Center.
El programa Medicaid en Puerto Rico se administra bajo el Plan Vitaly cubre a, aproximadamente 1,3 millones de personas o cerca de la mitad de la población en el archipiélago. El alcance incluye a niños, embarazadas, personas mayores de 65 años y discapacitados con bajos ingresos.
Puerto Rico depende más de Medicaid que cualquier estado de EE.UU. UU.
Las reuniones de la delegación de miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron complementadas por una “Sesión informativa congresional” el miércoles, en la que se le explicó a legisladores ya su personal la aplicación de Medicaid en Puerto Rico.
La directora de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington DC (PRFAA), Gabriella Boffellidijo, por su parte, que los esfuerzos van en la dirección de garantizar la igualdad en la asignación de fondos para el programa.
“El trabajo que realizamos desde PRFAA es fundamental para asegurar que Puerto Rico reciba el trato justo que merece en los programas federales. de salud. Estamos ejecutando la política pública de la gobernadora con determinación, datos y una estrategia clara ante el Congreso”, expresó Boffelli en un comunicado enviado por el equipo de Jenniffer González Colón.
Boffelli añadió que también se mantuvo una serie de reuniones el jueves con la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc. para discutir las prioridades de los Centros 330 que son los que brindan servicios en áreas rurales de la isla y la importancia de que los fondos Medicaid estén disponibles.
El 5 de febrero pasado, González Colón firmo la Orden Ejecutiva 2026-006 para oficializar la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, que busca atender el problema de disparidad en programas como Medicaid.
El decreto exponen y citamos: “El modelo actual de financiamiento y las estructuras de pago bajo los programas de Medicare y Medicaid colocando a Puerto Rico en desventaja. frente a otras jurisdicciones de la Nación, afectado la calidad del servicio, el reclutamiento de profesionales de la salud y la disponibilidad de fondos para programas esenciales”
El texto agrega que la exclusión de Puerto Rico de programas federales como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el Medicare Savings Program y el subsidio Extra Help de la Parte D de Medicare, “impone una carga fiscal desproporcionada y restringir la expansión del Plan de Salud del Gobierno”.
La orden estipula que el Grupo de Trabajo Multisectorial presentará a la gobemadora, “dentro de 30 días de su constitución, un informe inicial con las estrategias recomendadas para lograr la igualdad en los fondos federales de salud, y presentará informes posteriores conforme se requiera”.
El 9 de febrero, González Colón convocó al grupo a una primera reunión.
Entre los participantes se encontró el comisionado residente de Puerto Rico en Washington DC, Pablo José Hernández.
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