Aprovechando la efeméride, el día en que se cumplen los 45 años del intento de golpe de Estado del 23-F, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo desclasificará este martes los documentos relacionados con la intentona golpista perpetrada en 1981 por el teniente general de la Guardia Civil Antonio Tejero.
“La memoria no puede estar bajo llave”, ha señalado el presidente en un mensaje en X, en el que ha anunciado la desclasificación para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. “Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, añadió.
Según informan fuentes de la Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de la Moncloa.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ofrecerá mañana toda la información al respecto, en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Aunque Sánchez no ha concretado qué documentos se desclasificarán, entre los papeles que siguen bajo secreto destaca el sumario judicial completo con 89 legados custodiados en el Tribunal Supremo, que incluyen grabaciones y conversaciones telefónicas de aquella noche de 1981.
También siguen bajo secreto los archivos del Cesid (actual CNI), donde se encuentra el controvertido Informe Jáudenes sobre la participación de agentes en el golpe.
Asimismo permanecen sin acceso al público las escuchas telefónicas y comunicaciones interceptadas entre la Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas de febrero de 1981, documentación que podría aclarar incógnitas sobre cuestiones como el papel de los servicios de inteligencia.
La realidad es que 45 años después no existe un expediente único que aglutina toda la información, sino fondos dispersos en distintas instituciones que permanecen bajo llave.
Sigue clasificado el fondo documental más voluminoso, que es el sumario del juicio celebrado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, custodiado en el depósito acorazado del Tribunal Supremo en Madrid, compuesto por 89 legajos que incluyen la causa original, recursos, expedientes y grabaciones.
El segundo gran bloque lo constituyen los documentos elaborados o recopilados por el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecesor del actual CNI, custodiados en el archivo del servicio de inteligencia, una zona de acceso restringido.
Un documento clave que permanece clasificado es el denominado Informe Jáudenesredactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, que documenta cómo el Cesid creó una unidad especial para dar cobertura logística y técnica a Tejero.
La documentación restringida todavía podría arrojar luz sobre varias incógnitas que los historiadores no han podido resolver con certeza, como el papel exacto del rey Juan Carlos I y todas las implicaciones de la llamada operación Armada, por el general Alfonso Armada, que fue condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar consumada.
También permanecen sin aclarar el alcance de la implicación del Cesid como institución en la preparación del asalto, el papel de altos mandos que fueron absueltos en el juicio, y si servicios de inteligencia extranjeros tuvieron conocimiento previo de la conspiración.
Toda esta documentación permanece clasificada al amparo de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, que no establece plazos de desclasificación automática. Esto implica que la información clasificada puede permanecer secreta indefinidamente, salvo decisión expresa del Consejo de Ministros.
El Supremo dictaminó en su momento que la documentación clasificada del 23-F debía mantener tal condición durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe de Estado, lo que situaría el límite en el año 2031.
Nueva ley
El Consejo de Ministros aprobó ya el pasado 22 de julio el proyecto de ley de Información Clasificada y lo remitió al Congreso para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de sustituir la legislación franquista vigente. La nueva normativa permitiría desclasificar gran parte de la información clasificada sobre la intentona golpista, aunque su aprobación no se producirá antes de finales de este año y dependiendo de los apoyos parlamentarios.
Dicho proyecto de ley establece la desclasificación automática por el transcurso del tiempo: 45 años para documentos de ‘alto secreto’, 35 años para ‘secreto’, entre 7 y 9 años para ‘confidencial’, y entre 4 y 6 para ‘restringido’.
Según las estimaciones del Gabinete de Pedro Sánchez, si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la ley podría entrar en vigor a finales de 2026, lo que incluiría automáticamente el año 1981 y, por tanto, la documentación del 23-F, aunque con matices importantes.
El propio Bolaños matizó que los documentos que “afectan a la seguridad nacional y la defensa” podrían seguir clasificados si se justifica debidamente, lo que deja un margen de incertidumbre sobre el alcance real de la desclasificación. Esto ha provocado reacciones escépticas como la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
