Pequeños y medianos comerciantes del país alzaron su voz contra la reciente resolución que extiende por 90 días la permanencia de grandes cadenas de supermercados dentro de la Red de Abastecimiento Social (RAS), medida que califican como “un golpe directo, injusto y devastador” contra el comercio de barrio.
El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, aseguró que la disposición profundiza un modelo excluyente que concentra los beneficios de los programas sociales en manos de poderosas cadenas, mientras millas de colmados y pequeños negocios que históricamente han sido el verdadero sostén de los sectores más vulnerables quedan relegados y sin oportunidades reales de participación.
“Nos están desplazando de manera sistemática y silenciosa. Mientras las grandes cadenas acaparan la mayor parte de los bonos y subsidios, somos nosotros quienes damos la cara en los barrios, quienes conocemos a cada familia y quienes sostenemos la economía comunitaria cuando el sistema falla”, expresó Rosario.
El vicepresidente de los Detallistas Unidos, Mariano Rivera, recordó que cuando los bonos presentan retrasos o inconvenientes tecnológicos, no son los grandes supermercados los que ofrecen respuestas inmediatas.
«Cuando el bono no aparece, el beneficiario no va a una gran cadena; va al colmado de la esquina. Somos nosotros quienes vendemos fiado, quienes buscamos préstamos y quienes sacrificamos propio nuestro capital para que ninguna familia se acueste sin comida», afirmó Rivera.
En tanto, el comerciante Julio Antonio Peguero sostuvo que la medida representa una amenaza directa para la estabilidad de millas de pequeños negocios familiares que generan empleos y dinamizan la economía local.
«No pedimos privilegios ni limosnas; exigimos reglas claras y equidad real. Esto no es un reclamo político, es un reclamo de supervivencia. Si esta medida no se corrige, el pequeño comercio va a desaparecer, llevándose consigo millas de empleos y el sustento de muchas familias dominicanas», advirtió Peguero.
Los comerciantes hicieron un llamado directo al presidente de la República para que intervenga y revise lo que consideran una política desigual que favorece de manera desproporcionada a las grandes cadenas de supermercados en perjuicio del comercio local.
Finalmente, no descartaron convocar movilizaciones y públicas en defensa del comercio de barrio si no se produce una revisión inmediata de acciones de la resolución, reiterando su disposición al diálogo bajo condiciones de verdadera justicia económica y participación equitativa en los programas sociales.
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