El impuesto al patrimonio es mala idea

El impuesto al patrimonio de las empresas discrimina en contra de aquellas que son más complejas, que utilizan maquinaria costosa, requieren de personal calificado y producen bienes que contienen mayor valor agregado, en especial bienes de capital y grandes estructuras. Para una economía subdesarrollada, es imponerle barreras en su senda hacia un estadio superior de sus fuerzas productivas y, por lo tanto, contribuye a mantenerla en el atraso, exactamente lo contrario a los gobiernos que se presentan como progresistas. Son más bien “atrasistas” o en su propio lenguaje “reaccionarios”.

El gobierno abusa de las emergencias económicas cada vez que llueve más de la cuenta o le falta plata para atender problemas para los cuales no tuvo previsión, como sería mantener un ahorro suficiente para enfrentarlas. Está gastando más de lo que recauda y por eso recurre a préstamos onerosos, ya sea emitiendo títulos del gobierno que pagan altos intereses (13,35 % anual contra menos de la mitad bajo condiciones normales) o contratando directamente con empresas internacionales que tienen gran poder de mercado y que le marcan duro a un gobierno que ven tan necesitado y débil. Eso lo pagaremos todos los contribuyentes hacia el futuro cuando toque desembolsar el principal de una deuda tan alegremente contraída, y desde ya con los intereses que corren de inmediato.

El gobierno va por la tercera iniciativa para cambiar el impuesto a la riqueza, que se concentra contra las empresas en general y con sorna especial contra las del sector financiero y del minero-energético. Es una cosa loca estar cambiando las reglas de juego tributarias cada vez que se le ocurre al gobierno que necesita más plata, sed que no se sacia con los recaudos que ya tiene en sus bolsillos rotos, lo que lo impulsa a lanzar interminables iniciativas tributarias. Eso de cambiar las reglas tan frecuentemente es muy perjudicial para las empresas que requieren de un horizonte estable de largo plazo para proyectar sus ingresos y utilidades y poder operar exitosamente. Los que primero se espantan son los inversionistas extranjeros que miden la seriedad de los gobiernos de los países donde arriesgan su capital por la estabilidad de las reglas que rigen su conducta. Incluso las empresas nacionales que ya tienen experiencia invirtiendo en países vecinos y más allá prefieren sacar sus capitales frente a la incertidumbre que se desprende de un gobierno que a cada rato cambia los impuestos que le da por cobrarles.

Se recuerda que ya trató de imponer impuestos al patrimonio, que le tumbó el Congreso en su ley de financiamiento, insistiendo en ello durante la emergencia económica que decretó en diciembre de 2025 y que está suspendida, mientras la Corte Constitucional la analiza a fondo. El gobierno cree que a la tercera va la vencida y que le exprimirá recursos a sus odiados banqueros y dueños del sector minero-energético que envenena la salud de los colombianos, tanto como el colapsado sistema de salud pública.

Esta vez el decreto propone una tasa de 0,5 % del patrimonio de las empresas que registran en libros más de $10,474 millones, y de 1,6 %, tres veces más, para sus amigos del sector financiero y del minero. Se rompe así el principio de universalidad que pone a tributar a todas las empresas en igualdad de condiciones, discriminando contra las que le provocan antipatía al presidente.

Hay que insistir en que el gobierno está abusando de su poder cuando decide imponer tributos sin la aprobación del Congreso. La representación del pueblo que está en cabeza del Legislativo es la única que tiene la potestad de imponer los tributos que deben pagar a los ciudadanos y las empresas. Eso me recuerda de una caracterización que hacíamos en la izquierda del gobierno oligárquico como “dictadura civil”, o sea un gobierno electo, pero abusador. Va también contra la esencia de la democracia occidental, que dicta “no hay tributación sin representación”, lema que no debe atormentar mucho a Gustavo Petro.