Así lo plantea el documento “Maternidad Segura y Respetuosa de los Derechos Humanos: Deudas, Moras y Violencia institucional hacia las Mujeres”, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.
Al presentar los principales hallazgos del estudio, Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, y Desiree del Rosario Sosa, coordinadora del CEG-Intec, afirmaron que, ser mujer en República Dominicana conduce a una situación de vulnerabilidad, marcada por mayor riesgo a la violencia en todas sus formas, dadas las profundas desigualdades de género que imperan en la sociedad dominicana y que colocan a las mujeres en situación de subordinación.
«Si se es mujer en estado de embarazo, parto o puerperio, las vulnerabilidades se potencian, teniendo como telón de fondo la falta de calidad en la atención obstétrica asociada a las muertes maternas. Pero, aún más, las vulnerabilidades se extreman, y conllevan un mayor riesgo de enfermar y morir, cuando las mujeres embarazadas y parturientas viven en condiciones de pobreza, residen en zonas rurales, son afrodescendientes, migrantes o tienen alguna discapacidad histórica, entre otras condiciones sociales que generan exclusión y discriminación en nuestra sociedad”, planteó Del Rosario Sosa.
Cifras oficiales de muertes maternas
El documento establece que, según datos preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), en el año 2024, hubo 124,8 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos.
Asimismo, destaca que, el último dato oficial disponible, correspondiente al Boletín Epidemiológico de la semana 52 del año 2025, indica un total acumulado de 177 muertes de mujeres, igual número que el año precedente (2024). “Es decir, que, en nuestro país cada dos días fallece una mujer en estado por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, la mayoría de las veces por una causa evitable”.
Los docentes del Intec sostuvieron que 9 de cada 10 muertes maternas son evitables si se aplican las medidas y las recomendaciones que han demostrado ser efectivas: cuidados maternos de calidad, acceso universal a los métodos anticonceptivos y lucha contra las desigualdades en el acceso a la salud.
Precisa el documento que las mujeres mueren de complicaciones durante o tras el embarazo o el parto, que en su mayoría son prevenibles o tratables; también pueden ser producto de condiciones preexistentes que se agravan con la gestación, especialmente si no se detectan y tratan adecuadamente como parte de la atención prenatal.
Las principales complicaciones, causantes de aproximadamente el 75% de todas las muertes maternas, son: la hipertensión durante el embarazo (preeclampsia y eclampsia), las hemorragias graves, las infecciones y los abortos inseguros.
Aborto y tres causales
Durante una rueda de prensa realizada en la universidad, Ordehi y Del Rosario Sosa señalaron que en el contexto de la respuesta ante la alta mortalidad materna, es relevante resaltar la condición del aborto, que se mantiene como una de las principales causas de muertes maternas en el país y se genera a partir de la penalización del aborto sin excepción, que obliga a llevar a término embarazos que representan amenazas para la salud y la vida de las mujeres, así como a la ocurrencia de abortos en condiciones inseguras que las exponen a mayor riesgo de morbilidad materna. tumba y muerte.
Falta de políticas
El documento plantea que el Ministerio de Salud Pública carece de una política o plan actualizado enfocado en la reducción de la mortalidad materna, que dé direccionalidad y defina lineamientos para abordar este problema prioritario de salud, revertir los indicadores por décadas sostenidas y mejorar la salud materna.
«El último documento disponible, datos del año 2019 y en este se contemplan metas de impacto en la reducción de la razón de mortalidad materna: de 85 por cada 100,000 nacidos vivos para el presente año 2026 y de 70 para el año 2030, coincidiendo esta última con lo establecido en el marco de los ODS y de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Demás este recalcar, que estas metas no serán cumplidas, sobre todo ante la falta de direccionalidad y accionar del Ministerio de Salud Pública, cuyas autoridades están llamadas a rendir cuentas e informar sobre esta situación”, precisa el informe.
“A pesar de que, por mucho tiempo, desde la sociedad civil, el movimiento de mujeres, así como desde las academias y sociedades científicas se ha hecho exigibilidad, posicionando que es un derecho humano acceder a servicios de atención a la salud materna seguros y de calidad para no morir por causas evitables; estamos ante una respuesta débil y contradictoria que no obtempera los compromisos del Estado ni da cumplimiento a las normativas de atención en salud y es violatoria de los derechos humanos”, sostuvieron las académicas del Intec.
Advirtieron que la respuesta estatal no está centrada en las mujeres y en las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes se encuentran en los servicios de salud un escenario hostil, caracterizado por manifestaciones de violencia obstétrica, la ausencia del consentimiento informado y la prevalencia de prácticas no recomendadas durante la atención prenatal y el parto; incluidas las cesáreas innecesarias que alcanzan un alto y vergonzoso porcentaje en las estadísticas nacionales.
Consideraron que hay una deficiente aplicación de los protocolos de atención por parte del personal de salud, y que la respuesta del Estado limita derechos y no promueve la igualdad.
Explicaron que urge abordar las inequidades de tipo socioeconómico, de género, etnia, educación, lugar de residencia, condición migratoria y edad, ya que son factores que determinan la mortalidad materna. “El llamado es a trabajar sobre los determinantes sociales de la salud materna, enfocar los esfuerzos e intervenciones en los territorios y poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad social, para que no se deje a nadie atrás, como reza el lema de los ODS”.
