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Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), republica dominicana exhibe serias debilidades en la integridad de la fiscalía, el financiamiento público a los partidos, el sistema disciplinario para los servidores públicos y otras variables en las que el país ni siquiera cuenta con normativas establecidos.
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Ayer, la entidad publicó su análisis Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026donde retrata el desempeño desigual del país en ocho áreas evaluadas, en términos de integridad publica.
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El factor común en muchas de las áreas que exhibieron una pobre implementación de criterios prácticos es la falta de ejecución o de sanciones para las situaciones que regulan las diversas normativas.
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A su vez, el informe señala que una de las grandes fortalezas del país es su cumplimiento en la política de acceso a la información y en la integridad judicialaunque con desafíos en áreas como las consecuencias por incumplimiento de las leyes y los conflictos de intereses.
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De acuerdo con los datos, republica dominicana se encuentra entre los 21 países con mayor desarrollo normativo en materia de financiamiento politicoalcanzando hasta un 90 % de los criterios analizados. Sin embargo, el cumplimiento práctico apenas llega al 14 %, una cifra muy por debajo del promedio de los países miembros de la organización, que fue del 58 %.
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El documento establece que, en la práctica, no todos los partidos politicos han cumplido con su obligación de presentar sus cuentas anuales Durante los últimos cinco años, y la información sobre las finanzas relacionadas con las elecciones no se pone a disposición del público.
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«Aunque el marco legal exige la presentación de informes detallados sobre el financiamiento de las campañas y la identificación de los donantesincluidas las contribuciones en línea, estas informes financieros no se han publicado en línea», establece el informe.
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También señaló que el órgano encargado de la fiscalización y distribución de los fondos de las organizaciones políticas, la Junta Central Electoral (JCE)no publica información sobre las investigaciones iniciadas ni sobre las sanciones impuestas por violentar estas disposiciones y, además, no cuenta con auditores certificados en su plantilla.
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Otra de las debilidades más señaladas es la integridad de la fiscalia. El análisis indica que la republica dominicana cumple el 21% de los criterios normativos en esta área y apenas el 5 % de los criterios prácticosfrente al promedio de la OCDEque es del 66 % y del 52 %, respectivamente.
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Sobre la composición del Ministerio Públicola organización apunta que, a pesar de que el cargo de fiscal está supeditado a la superación de un examen ya la conclusión de un programa formativo, las leyes no establecen procedimientos basados en méritos para los ascensos.
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En cuanto al sistema disciplinario para los funcionarios publicosel país cumple el 42% de los criterios normativospero registra un 0 % en los prácticosmuy por debajo del promedio de la OCDEde 66 % y 22 %, respectivamente.
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El informe señala que ningún organismo del gobierno central ha publicado directrices sobre procedimientos disciplinariosque no existe capacitación para el personal encargado de conducir investigaciones de esta naturaleza y que tampoco se utiliza un sistema electrónico de gestión de casos. Además, documentó que la Ley 41-08 de Función Pública no contemplar garantías procesales fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído ni el derecho a la asistencia letrada dentro de los procedimientos disciplinarios.
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Hay dos aspectos en los que republica dominicana las calificaciones más bajas de todas las áreas consideradas: el cabildeo y un marco estratégico de integridad publicacon un 0% de calificación tanto en el marco legal como en la aplicación de las normas.
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El país carece por completo de leyes que regulen las actividades de cabildeono establece períodos de enfriamiento para funcionarios publicos ni para cabilderos y no dispone de un registro de beneficiarios finales que obligan a la divulgación pública de los titulares de sociedades.
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En paralelo, la ausencia de una estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción impide que el país cumpla con cualquiera de los criterios de este componente. No obstante, el informe destaca que se están llevando a cabo iniciativas, en coordinación con la OCDE, para que República Dominicana elabore su primera estrategia nacional de integridad a lo largo de 2025 y 2026.
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En el otro extremo, el acceso a la información pública es el área donde el país exhibe su mejor desempeño práctico. Con un 67 % en criterios normativos y un 58 % en cumplimiento —apenas cuatro puntos por debajo del promedio de la OCDEde 62 %— esta dimensión refleja avances concretos en transparencia.
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Pese a la buena valoración, el informe apunta que las agendas de las sesiones de gobierno y de los ministros no están disponibles públicamente, y que el supervisor del organismo carece de independencia plena y de facultades sancionatorias.
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En materia de integridad judicial, republica dominicana cumple el 59% de los criterios normativos y el 40% de los criterios prácticoscifras que, si bien se encuentran por debajo del promedio de la OCDE —66 % y 45 %—, reflejando un andamiaje institucional con bases sólidas.
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Entre los desafíos pendientes, el reporte considera que la ley no exige procedimientos basados en méritos para los nombramientos a altas cortes como la Suprema Corte de Justiciay que no existen canales internos de denuncia ni protección legal para los denunciantes dentro del poder judicial.
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En el área de conflicto de intereses, republica dominicana alcanza un 78 % en criterios normativos —prácticamente equiparable al promedio de la OCDE de 80 %—, pero su cumplimiento práctico se reduce al 22 %, frente al 45 % de la media.
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aunque exista marcos legales que identifican incompatibilidades entre cargos públicos y otras actividades, estos no imponen obligaciones específicas para gestionar o resolver situaciones de conflicto, y los índices de verificación de las declaraciones patrimoniales siguen siendo bajos: solo se ha revisado el 14 % de las declaraciones desde 2018.
