el estado dominicano incumple por partida doble las reglas de los salarios en el pais: mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta (ISR), que afecta a los trabajadores de menor ingreso, también deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposicióncomo forma de presionar al oficialismo, depositaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecido por la Ley 11-92.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
De lograr su propósito, y cumplirse la normativa, la retención del ISR aplicar este año a partir de los sueldos de 52.000 pesosy no desde los 34,685 pesos como ocurre desde el 2017. El Gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de 25,000 millones de pesos al año.
Natimuerta Ley 105-13
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
A inicios de la década del 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios publicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en el 2012.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Pero, en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernandez la devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
En una carta remitida a Abel Martínez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba con la Constitución.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Sin embargo, haciendo uso de su facultad legislativa, el Congreso Nacional —dirigido por el danilismo en ese entonces— ignoró las observaciones de Fernández y en el 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
A los seis meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años Después este aún no ha sido aprobado.
Violación de jerarquía
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La ley fija el salario del presidente en 450.000 pesos mensuales, y el de la vice, junto con los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y los jueces del Constitucional, en 400.000 pesos.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Los sueldos de los presidentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la Junta Central Electoral (JCE) están en 375.000 pesosmientras que el del titular de la Cámara de Cuentases de 350.000 pesos.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
En cuanto a los ministros, el procurador, el contralor y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el salario fue establecido en 300.000 pesos. el Defensor del Pueblo Recibe 250.000 pesos al mes.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La ley establece que la escala salarial de los funcionarios de alto nivel serán establecidos por una reglamento pendiente de aprobar. En el caso de los organismos autónomos de naturaleza financiera, la escala será establecida por una resolución coordinada con el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y sujeta a la aprobación del presidente.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Sin embargo, al revisar las nominas estatalesse observa que al menos nueve funcionarios perciben salarios superiores al del jefe de Estado.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
En el caso de las direcciones de Impuestos Internos y Aduanas –adscritas al Ministerio de Hacienda–, así como la de Alianzas Público-Privadas, bajo la sombrilla del Ministerio de la Presidencia, sus titulares perciben salarios superiores a los 500.000 pesos, mientras que los ministros de los que dependen devengan 300.000 pesos.
- Estas anomalías violan el artículo 5, que establece que ningún servidor público podrá vengar un salario mayor al del titular o titulares de los poderes del Estado.
Prácticas cuestionadas
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Otro precepto en la ley es que la asignación de combustible no debe ser mayor al 10% del salario, con excepción del presidente y el vicepresidente de la República. Para las demás instituciones se ordena establecer un reglamento.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
No obstante, auditorías realizadas en el 2022 por la Cámara de Cuentas y la Contraloría evidenciaron que instituciones manejan millones de pesos de forma discrecional, otorgando bonos de combustible a personas cuyos cargos no están facultados por la ley.
Sin voluntad política
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Ni Danilo Medina ni su sucesor Luis Abinaderhasta este momento, promulgaron el reglamento de aplicación. En el 2024, el entonces titular del MAP, Darío Castilloindicó que en el 2022 había enviado la redacción de una propuesta de reglamento a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
No obstante, ante las «dificultades que tiene (la ley) para su aplicación», dijo que se optó por depositar un anteproyecto para modificarla, pero aún no ha llegado al Congreso.
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
La nueva propuesta elimina los topes salariales y establece que se determinan en función de los sueldos mínimos.
Sin respuesta
<!– Inicia validación de Párrafo
–>
Diario Libre Intenté contactar al actual titular del MAP, Sigmund Freund, y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, para conocer si existe alguna propuesta en curso, pero al cierre de este reportaje, no había recibido una respuesta.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, expresó ayer su apoyo a que el Gobierno aplique la indexación salarial, al considerar que la medida ayudará a aliviar la presión económica que enfrenta la población debido al conflicto en el Medio Oriente.
«Esta medida no puede ser vista como separada, sino como parte de una reforma integral que permita identificar los recursos requeridos y en adición poder aplicar una indexación que esté contenida en el Código Tributario.
Esto no debe verse como parte de una coyuntura sino como algo integral», dijo al ser entrevistado en el Congreso Nacional. Así respaldó la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien, un día antes, reiteró su exigencia al Gobierno de que se aplique la indexación para no trasladar toda la carga a la población.
Fernández también pidió a sus colegas desprenderse del «barrilito» y usar esos fondos para respaldar medidas como la indexación, siempre que el Gobierno garantice el apoyo a las familias que dependen de esos recursos.
