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Nicolás Maduro y Cilia Flores entraron a la sala judicial sin anuncios ni protocolo.
Rodeados por abogados y custodios del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la pareja que dominó el poder presidencial de Venezuela durante más de una década sólo se distinguió por el uniforme caqui que visten a los detenidos.
Flores caminó en dirección a sus abogados y los saludó en español con besos en la mejilla, antes de sentarse de espaldas a los oyentes que permanecían en la galería tras esperar 45 minutos para que iniciara la audiencia, prevista para las 11:00 de la mañana.
Maduro lucía más delgado. Abordó a sus representantes legales con apretones de manos y saludos también en español, mientras repasaba con la mirada a los oyentes que estaban sentados detrás de la barrera que separa al público del personal judicial.
A diferencia de la primera audiencia, cuando dijo que era el presidente de Venezuela y se consideró a sí mismo un prisionero de guerra y un hombre de Dios, esta vez se mantuvo en silencio.
Tampoco hubo espontáneos que se atrevieran a increparlo, como ocurrió en la primera audiencia del 5 de enero, dos días después de que la pareja fuera detenida en una operación militar de fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.
Los oyentes sabían que el silencio sería una regla inquebrantable. Antes de que Maduro y Flores aparecieran, uno de los alguaciles advirtió que estaba prohibido dirigirse a los acusados o levantarse del asiento para intentar aproximarse y mirarlos de cerca.
«Ustedes están aquí para escuchar y observar», dijo desde la sala ubicada en el piso 26 del edificio de la corte.
Nuestros celulares, cámaras y demás dispositivos electrónicos habían quedado resguardados en la planta baja, así que sólo podíamos tomar apuntes para documentar lo que ocurriría en la segunda audiencia preliminar de este proceso judicial.
Y no había forma de lograr puestos más cercanos. La primera fila estaba ocupada por dos dibujantes que ya habían trazado el plano de la sala y esbozaban los perfiles de Barry Pollack, el abogado de Maduro, y Mark Donnelly, el defensor de Flores.
La segunda, justo delante de nosotros, había sido reservada para los funcionarios del gobierno.
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El poder presidencial
Una vez que Maduro tomó asiento, me alegró comprobar que podía observarlo de perfil desde mi lugar en la primera fila destinada a los periodistas, en el ala derecha de la sala.
Era la primera vez que vio a Maduro y Flores en persona desde 2018, cuando encabezaron la inauguración del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
En aquella oportunidad, la pareja llegó a la sede principal del Poder Judicial venezolano custodiada por una barrera infranqueable de guardias de honor.
Tomados de la mano, Maduro y Flores atravesaron el patio central del tribunal rodeados por dos filas de jueces que se inclinaban en reverencia a su paso.
Como jefe de Estado, Maduro portaba la banda tricolor con el escudo de armas de la República, el Gran Collar de la Orden del Busto del Libertador y un broche en la solapa conocida como la Estrella de la Orden, símbolos históricos del poder presidencial en Venezuela.
Pero ocho años después no había guardia de honor, insignias patrias ni jueces reverentes en la audiencia de Nueva York.
Esta vez Maduro sólo tenía sus anteojos, usó unos audífonos para escuchar la traducción de la audiencia y una camiseta naranja que se asomaba por encima del cuello del uniforme caqui de la prisión.
Flores llevaba el cabello recogido en una cola y un suéter gris debajo del uniforme.
En una de sus intervenciones, su abogado reveló que la ex primera dama padece un «prolapso de la válvula mitral», una condición coronaria, por lo que requiere hacerse un ecocardiograma «lo más pronto posible» para recibir «tratamiento adecuado».
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«Una forma de justicia»
Renzo Prieto comenzó a hacer la fila para entrar en la audiencia a las 5:00 de la tarde del día anterior.
Durante la madrugada, cuando la temperatura en Nueva York se acercó a cero, recordó los días en que pensó que moriría de hipotermia en un calabozo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
«Yo estuve cuatro años preso en el Helicoide y seis meses en las FAES», recordó el político y activista venezolano mientras esperaba a que el tribunal abriera las puertas de acceso, temprano por la mañana.
«Tuve la dicha de salir y volver a abrazar a mi familia, pero muchos compañeros no lo tuvieron», dijo intentando contener las lágrimas. «Queremos justicia, que fue algo que nosotros no tuvimos».
Días antes de ir a la corte para asistir a la audiencia, Prieto pasó por las puertas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, para conocer el lugar donde Maduro y Flores permanecen prisioneros.
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«Ahora le toca a él»
Pedro Rojas fue el hombre que le gritó a Maduro que era un criminal justo antes de que abandonara la sala en la primera audiencia. Esta vez volvió a asistir a la corte con el propósito de superar el recuerdo de verso a sí mismo dominado por la ira de ver a Maduro personalmente.
«Cuando Maduro dijo que seguía siendo el presidente de Venezuela y que era un hombre de Dios, sintió mucha rabia y no pude contener mi reacción», contó desde la cafetería del tribunal, donde los asistentes del público esperaron antes de que se iniciara la audiencia.
«Muchos de nosotros terminamos en la cárcel por culpa del gobierno de Maduro», dijo al señalar que fue detenido en el estado Zulia y recibió corrientazos eléctricos por la planta de los pies durante su detención.
«Esta audiencia es una forma de justicia. Ahora le toca a él».
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de «conspiración narcoterrorista», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Flores, por su parte, enfrenta los cargos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Ninguno de estos delitos está relacionado con las violaciones de derechos humanos que activistas locales, organizaciones nacionales e internacionales atribuyen al gobierno de Maduro y que son investigadas por la Corte Penal Internacional.
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¿Quién pagará por los abogados?
A finales de febrero, los abogados de los acusados interpusieron una moción para pedir al juez Alvin K. Hellerstein que desestimara el caso.
Alegaron que el Departamento del Tesoro interfería en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de sus equipos legales.
Aunque el juez fue categórico al negar la posibilidad de desestimar el caso, se mostró un favor de permitir que el gobierno venezolano asuma los gastos de la defensa y desafió a los abogados de la Fiscalía con el argumento de que el derecho de los acusados a contar con un abogado de su elección es primordial.
«Si les impido contar con un abogado privado, ello constituye una privación de su derecho», dijo Hellerstein. «Entonces, ¿cuál es la solución?», insistió en varias oportunidades.
Además, descartó que Maduro y Flores sigan siendo una preocupación en materia de seguridad nacional, dado que los acusados se encuentran ahora bajo custodia estadounidense.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el tribunal no puede obligar al Departamento del Tesoro a otorgar una licencia especial para cubrir los gastos de la defensa.
Por su parte, Pollack cuestionó que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se destina al pago de abogados de oficio para Maduro y Flores, cuando el Estado venezolano puede pagar los costos del proceso.
El juez Hellerstein estuvo de acuerdo en que una defensa privada tendrá mayor capacidad de procesar el volumen de evidencias que han sido recabadas por las autoridades durante años en este caso.
Sin embargo, decidió reservarse el derecho a decidir sobre la moción, por lo que su respuesta se conocerá en una próxima audiencia que aún no tiene fecha.
Fuente de la imagen, Reuters
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