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La Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM)que exige contratos formales para renovar permisos laborales de extranjeros, ha generado reacciones en distintos sectores del país, que advierten sobre el impacto que podría tener en áreas que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, como la construcciónla agricultura y el turismoentre otros.
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diversos sectores expresaron ayer que, aunque reconocen la legalidad de la medida, podría generar efectos adversos en el contexto actual.
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El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, William Charpantierseñaló que la disposición se ajusta a la normativa vigentepero consideró que no necesariamente resulta justa ni conveniente.
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«Nosotros respetamos la legalidad de esa resolución, pero el contexto no conviene, incluso va a afectar la economía dominicana en diferentes sectores», manifestó. Asimismo, indicó que la resolución podría afectar derechos adquiridos de trabajadores regularizados en procesos anteriores.
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Charpantier también cuestionó que se intenta limitar la movilidad laboral del trabajador extranjero y vincular al empleador en procesos que corresponden al Estado. A su juicio, estas disposiciones podrían generar distorsiones en sectores económicos clave.
Productores lo ven favorables, pero abogan por la flexibilización
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Desde el sector agrícolacuya mano de obra es mayoritariamente haitiana, los productores acogen la medida como positiva, pero consideran que la DGM debe ser más flexibledebido a que los aviones de regularización se han detenido.
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Advirtieron que la falta de mecanismos flexibles para regularizar trabajadores podría mantener la informalidad. Además, señalaron que los costos y procesos burocráticos representan una carga adicional para los trabajadores.
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El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátano (Adobanano), Gil Blas Martínezexplicó que en muchos casos no hay trabajadores regularizados con permiso, lo que obliga a contratarlos de manera constante.
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Los distintos actores coincidieron en la necesidad de alcalde dialogo entre autoridades y sectores productivos. Plantaron que las políticas migratorias deben adaptarse al contexto económico y garantizar el equilibrio entre control y operatividad laboral.
Reacciones de la diáspora venezolana y china
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La resolución ha generado reacciones entre ciudadanos. venezolanos es republica dominicanaquienes reconocen su intención de ordenar el sistema laboral, pero advierten posibles efectos negativos.
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el periodista Javier Lunar valoró la exigencia de contratos formales como una medida que promueve la transparencia y protege los derechos laborales, aunque expresó preocupación por las restricciones al trabajo informal, del que dependen muchos extranjeros.
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Otros ciudadanos, como rafael rodriguez y Alondra Ariascoincidieron en reconocer el derecho del Estado a regular la migración, pero señalaron dificultades practicas. Entre ellas, la obtención de documentos, la eliminación de la declaración jurada como prueba de ingresos y retrasos en los procesos administrativos. Además, expresaron preocupación por nuevas exigencias que podrían limitar las oportunidades laborales y dejar a muchos extranjeros en una situación de incertidumbre.
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En contraste, representantes de la comunidad empresarial porcelana indicaron que el cumplimiento de las normas laborales ha mejorado en sus empresas. Rosa NGmiembro de la Junta Directiva de la Colonia China y presidenta de la Fundación Sol para Todos, señaló que promueven la contratación de trabajadores con estatus legalen línea con las disposiciones oficiales.
La disposición
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La resolución de la DGM establece que todas las solicitudes, tanto nuevas como en trámite, deberán contar con un contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo, excluyendo las declaraciones juradas como sustento laboral. Además, advierte que los permisos no autorizan actividades informales como motoconcho, taxi, ventas ambulantes o delivery.
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En el comunicado, la institución sostiene que la medida no introducir nuevos requisitossino que busca organizar, precisar y reforzar el cumplimiento de los ya contemplados en la legislación migratoria dominicana, en procura de una gestión más clara, ordenada y efectiva.
