Currículum e información rápida
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
Varios candidatos presidenciales, especialmente aquellos que encabezan las encuestas, se han mostrado reacciones a participar en debates públicos con sus rivales, por lo cual no hemos podido presenciar debates televisivos o en universidades, con reglas claras, entre ellos.
Algunos consideran que esa decisión no es sólo legítima sino incluso astuta para quienes lideran la competencia presidencial: les evita el riesgo de perder apoyos si les va mal en el debate. Sin embargo, desde una filosofía democrática, esa negativa a debatir es criticable. Y para sustentar esa tesis utilizo los planteamientos de Jürgen Habermas, el filósofo recientemente fallecido a quien dediqué mi última columna. Esto me llevará igualmente a retomar ciertos argumentos de una columna del 2018 en que critiqué la negativa de Duque a debatir con Petro en la segunda vuelta presidencial de ese año.
Conforme a una concepción robusta de democracia, como la defendida por Habermas, ésta no consiste únicamente en que las mayorías tomen decisiones y seleccionen a los gobernantes, sino que tiene otro componente importante: que esas decisiones sean producto de una deliberación pública de nuestros asuntos comunes. Para Habermas la democracia no es sólo entonces un gobierno de las mayorías, sino también, según la expresión acuñada por John Stuart Mill, un “gobierno a través de la discusión pública”.
Esta defensa por Habermas y otros autores de una democracia deliberativa y no puramente mayoritaria se fundamenta en que la discusión pública tiene al menos las siguientes cinco virtudes: i) ayuda a corregir errores porque somete los argumentos empíricos y teóricos a la controversia, con lo cual promueve decisiones más racionales; ii) estimular virtudes democráticas en los ciudadanos y en los líderes, en especial la imparcialidad, en la medida en que nos obliga a ir más allá de nuestros intereses y visiones personales o de nuestro grupo ya que debemos escuchar y tomar en consideración las visiones y los intereses ajenos; iii) impulsa la justicia porque exige a los candidatos presentar abiertamente las razones que sustentan sus propuestas, con lo cual ciertas motivaciones manifiestamente injustas quedan excluidas del debate político por ser inaceptables; iv) reducir los riegos de autoritarismo, pues obliga a los gobernantes a sustentar sus decisiones y propuestas en razones; yv) fortalece la legitimidad de las instituciones porque los ciudadanos tienden a acatar mejor las decisiones que resultan de razones conocidas y debatidas. A todo eso hay que agregar que, en una campaña presidencial, un debate bien organizado también ayuda a que los ciudadanos evaluemos las virtudes y capacidades de quien va a ocupar un cargo tan importante.
La legitimidad de una decisión democrática, como la elección del presidente, no depende únicamente de que sea apoyada por una mayoría; es necesario que esa opción haya sido públicamente discutida. Este proceso permite incluso que las personas cambien sus preferencias iniciales, lo cual muestra que una voluntad genuinamente democrática no es una simple suma de las preferencias privadas: debe ser el resultado de la deliberación pública.
Estas razones ya eran muy poderosas en el pasado, pero lo son aún más hoy debido a que las redes sociales y la polarización corrosiva han hecho que muchos ciudadanos hagan (o hagamos) parte de tribus o barras bravas, con enorme dificultad para dialogar cívicamente con los demás. Un debate entre candidatos, con claras reglas de civilidad, podría permitir tender puentes entre polos hoy enfrentados.
Por todo eso, no sólo aspiro a que haya debates públicos civilizados entre los principales candidatos, sino que, por mi parte, me quedará muy difícil apoyar, al menos en primera vuelta, a quien se haya negado, sin razones sólidas, a participar en esas discusiones.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
