El juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se ha encontrado en la mesa de su juzgado dos informes que chocan entre sí. Por un lado, el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que avaló que los pagos recibidos a los socios del despacho Equipo Económico fueron por el “asesoramiento fiscal” a las empresas gasísticas que quer buscaban un cambio legislativo. Cobraron, según el instituto armado, por sus honorarios reales.
Sin embargo, el informe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción detectó que se había troceado pagos en fechas coetáneas a las gestiones con el Ministerio de Hacienda para aprobar una reforma legislativa para reducir los impuestos a las gasísticas.
El informe de la UCO sirvió para que varias de las defensas de los investigados -entre los que se encuentran Montoro, varios exaltos cargos de Hacienda y socios del despacho Equipo Económico- solicitaran el archivo de la causa porque había quedado demostrado que no había cobrado de manera irregular sino que sólo recibió sus honorarios por los servicios de asesoramiento fiscal.
Con lo que no contaban es que el inspector de la AEAT detectase movimientos extraños, pagos a socios cuando ya no formaban parte del despacho, y movimientos de dinero para evitar detectar su destino final. Además, ha alertado al juez que la documentación remitida por las entidades bancarias que se reclamó hace años, en algunos casos en el 2021, y que sirvió a la UCO para su análisis, estaban incompletas.
Una vez estudiados ambos informes, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha emitido varias resoluciones, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, para reclamar de nuevo todos los datos bancarios y así lograr atar las sospechas de la Agencia Tributaria.
El magistrado advierte que de la información analizada por el inspector de Hacienda “se observa una fragmentación de los pagos y un diferenciación de los mismos, observándose ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes”.
En una de las resoluciones, explica que “llama la atención” que no todos los ex socios del despacho reciben pagos y que los pagos que reciben son diferentes. A su juicio, estos pagos “resultan incoherentes con los porcentajes de participación anteriores”.
Alerta que que determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación “e incluso por debajo de otros socios con menos participación”.
“Patrón de conducta”
La unidad de la AEAT que apoya a Anticorrupción, concluye -contrariamente a lo analizado por la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil- que los pagos a EE por parte de las gasísticas estuvieron troceados en pagos de 12.000, 18.000 o 36.000 euros para, en realidad, llegar a pagar 812.000 euros.
El informe concluye que esta manera de actuar de EE podría tratarse de un “patrón de conducta” que se podrá detallar más cuando se analiza en su conjunto todas las cuentas bancarias y pagadores eliminando las “distorsiones” y las “mezcolanzas”.
No es, sin embargo, lo que cuestionó la UCO, que defendió la coherencia de los pagos. Los agentes concluyeron que “la trazabilidad realizada no muestra una diferencia operativa o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas”.
