La causa que instruye al juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está convirtiendo en el día de la marmota. El magistrado citó ayer por tercera vez a las partes a una vista en la que les comunicó su intención de que Gómez sea juzgada por un jurado popular.
La Fiscalía y los letrados de la defensa pidieron de nuevo el archivo del asunto, mientras que las acusaciones solicitaron que se realicen nuevas pesquisas.
Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés fueron citados ayer por Peinado a una vista en la que el juez les iba a comunicar su intención de llevar el asunto a juicio con un jurado popular. Los investigados no estaban obligados a acudir a la llamada del magistrado. Y no fueron. La ley permite que este trámite se sustente a través de sus representantes legales.
Durante más de tres horas, los letras de la defensa, la Fiscalía y las acusaciones presentaron sus argumentos ante el juez. Es la tercera vez que se realiza un acto de estas características. En las dos anteriores, la Audiencia Provincial de Madrid pidió a Peinado que recondujera sus actuaciones. Pero el juez insiste en que hay indicios suficientes para que Gómez sea juzgada por los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida.
Para el letrado de Gómez, Antonio Camacho, que solicitó el archivo de las actuaciones, la causa se está convirtiendo en “una auténtica pesadilla”. En su opinión, el magistrado está “endosando delitos a Gómez sin un solo indicio” y haciendo algo que “no es justicia”. También la Fiscalía pidió el archivo del asunto.
En cambio, las solicitudes solicitaron nuevas pruebas. Hazte Oír, en representación de todas las acusaciones, pidió que se reclamara a Moncloa el salario completo de Cristina Álvarez y demandó también la vida laboral de Gómez. Por su parte, Marta Castro, que representa a la acusación de Vox, aseguró que hay indicios suficientes para investigar si Gómez cometió un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora.
Las acusaciones reclaman la vida laboral de la esposa del presidente Sánchez
El juez está pendiente aún de la entrega de varios informes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por Álvarez en relación con la actividad privada de Begoña Gómez.
A la espera de esos informes, Peinado considera que, de momento, ya se ha probado que Gómez se aprovechó presuntamente de “su posición como esposa del presidente del Gobierno” para impulsar su carrera profesional a través de la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En un auto dictado el pasado 20 de marzo, el magistrado asegura que el proceso de creación de dicha cátedra fue “anómalo”, iniciándose tras una reunión en julio del 2020 en el palacio de la Moncloa entre Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, quien posteriormente habría ordenado de forma “directa y acelerada” la constitución de la estructura académica específicamente ideada para ella, según la acusación.
Además, la investigación de Peinado hace hincapié en la relación de Gómez con Barrabés, que mantuvo “múltiples reuniones” en Moncloa con la esposa de Sánchez y, en ocasiones, según el auto, en presencia del propio presidente. El juez cree que Barrabés colaboró en el diseño académico de la cátedra y que Gómez escribió cartas para recomendar su empresa, Innova Next SLU, en licitaciones de la entidad pública Red.es.
De acuerdo con las investigaciones, se le habría adjudicado contratos por importaciones superiores a los 10 millones de euros, detectándose posteriormente “irregularidades en la tramitación y opacidad en los criterios de valoración” que habrían beneficiado a la UTE vinculada a Barrabés.
Peinado también ha examinado la presunta participación en los hechos de Cristina Álvarez, que tenía un cargo en Moncloa en calidad de personal eventual y presuntamente trabajó como asistente de las actividades privadas y académicas de Gómez.
El letrado de Gómez dice que el asunto se está convirtiendo en una “auténtica pesadilla”
Según se asegura en la investigación, Álvarez, que cobraba un sueldo público, “intervino activamente en la captación de fondos privados, la gestión de convenios con grandes empresas, como Google o Telefónica, y el seguimiento técnico del desarrollo de un software, funciones que excedían sus competencias institucionales”.
