Pocos días antes de que el Parlament votara la declaración de independencia el 27 de octubre del 2017, colaboradores de Carles Puigdemont se reunieron en Montserrat para valorar las opciones del entonces presidente. Se había estudiado la legislación de países europeos y se planteó el margen de maniobra política. Con los Jordis ya en prisión, qué modelo debía seguir Puigdemont: “¿Otegi o Assange?”. Concluyeron que era más rentable refugiarse en el extranjero y mantener vivo el relato político que ser un mártir silenciado tras los muros de una cárcel.
Han pasado más de 3.000 días desde que el expresidente fue a Bélgica, 2.300 desde la condena a los líderes independentistas por el 1-O, y un año y diez meses desde que el Congreso aprobó la ley de Amnistía. La dependencia de Pedro Sánchez de los votos de Junts y ERC y su “hacer de la necesidad virtud” posibilitaban una vía de normalización política que sigue atragantándose en las filas independentistas. La ley instaba a su cumplimiento en dos meses, pero, en manos de los tribunales, Puigdemont sigue en Waterloo y Junqueras inhabilitado. El calendario se ha ido ajustando desde hace un año para un impulso que cada vez lo es menos porque no acaba de llegar.
Hace seis meses, en Junts imaginaron que el retorno de Puigdemont llegaría como el Sábado Santo Rojo de 1977 con la legalización del Partido Comunista. Pero las previsiones se han vuelto a retrasar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha resuelto sobre la ley, y no lo hará antes de mayo o junio; el Constitucional retiene su sentencia para transitar por el ancho de vía judicial europea, y, sin presión, el Supremo mantiene la resistencia a la estrategia de reconciliación de Sánchez.
Ni Sábado Santo independentista, ni Puigdemont comiéndose la mona en la pastelería familiar de Amer. No eran más que hipótesis, pero mantienen a los líderes sin margen de maniobra. Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa están inhabilitados hasta el 2031; el Tribunal de Cuentas mantiene en suspenso su sentencia desde julio del 2024… La última amnistiada ha sido la exconsellera republicana Natalia Garriga este miércoles por decisión del TSJC.
El ‘impulso’ del retorno de Puigdemont suma retrasos y crecen las necesidades en Junts
En ERC son escépticos a la hora de hacer previsiones sobre la rehabilitación de Junqueras. Circula el convencimiento de que “si las cosas pueden ir peor, lo harán”, así que el líder republicano ha apostatado por la amnistía política de la mano de Sánchez. La foto en la Moncloa es clave en su estrategia, y sus reuniones privadas apuntan a su restitución de facto. La inhabilitación le impide ser candidato, pero en la dirección de ERC aseguran que no les condicionan en las negociaciones con los socialistas. No se dio “ni un minuto” de credibilidad a la amenaza de un posible adelanto electoral en Catalunya si no votaban los presupuestos de Salvador Illa. Junqueras es el candidato in pectore, y la amnistía no iría acompañada de una proclamación oficial ni de una gira de reparación, como sí preparan en Junts para Puigdemont desde hace meses.
Hay más diferencias. Junqueras ha echado mano de su paso por prisión para apuntalar su hoja de ruta. Despachó el no a los presupuestos con un “si las prisiones no nos han rendido, tampoco lo hará ninguna presión”; y reincide al sostener que fue “a la cárcel por Catalunya, no para que Ada Colau sea diputada de ERC” para desembarazarse de la propuesta de lista de las izquierdas de Gabriel Rufián.
El retorno de Puigdemont tiene otra guion: el de un presidente que no se sometió a las estructuras “represivas” del Estado, aunque el retorno se deba a la aritmética electoral española. El expresidente es hoy el comodín de Junts pendiente de entrar en juego. El “artefacto político” que Puigdemont y su equipo crearon en tres días en una habitación de hotel ha demostrado una gran resiliencia electoral, pero ahora sufre el desgaste de ser oposición con cuestionadas perspectivas en las municipales frente al auge de Aliança Catalana. A falta de unidad independentista, hay unanimidad en un diagnóstico: a nadie le interesa un adelanto electoral en Catalunya y, acostumbrados a improvisar durante casi una década por imperativo judicial, ERC y Junts aspiran ahora a recuperar su particular y lejana normalidad.
