Currículum e información rápida
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
El contrato de elaboración de los pasaportes es la puerta de entrada a una nueva era de soberanía digital, fortalecimiento del Estado y libre competencia. Es un proceso disruptivo que ha despertado todo tipo de sospechas de quienes defienden el viejo modelo que regentaba una multinacional y se resisten al cambio.
La discusión sobre el nuevo modelo de pasaportes en Colombia ya no es técnica ni silenciosa. Se convirtió en un debate jurídico, institucional y político que toca fibras sensibles, como soberanía de datos, fortalecimiento del Estado, cooperación internacional y libre competencia. Más allá del ruido mediático que generan los enemigos del proceso hay una hoja de ruta concreta, con fases definidas, instrumentos jurídicos firmados y procesos judiciales aún en etapa preliminar.
Lo primero que debe entenderse es que se trata de la garantía de un derecho fundamental y no de un simple trámite administrativo. En efecto, la Corte Constitucional señaló, en la Sentencia T-156 del 2 de mayo de 2025, que se trata de un documento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. La Ley 2136 de 2021 también consagró el derecho de los colombianos, dentro y fuera del país, a obtenerlo.
A esto se suma un componente técnico ineludible. Colombia, como Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, debe cumplir con los estándares del Documento 9303 sobre pasaportes electrónicos y lectura mecánica. Desde septiembre de 2015 el país expide pasaportes biométricos electrónicos, y la propia OACI recomienda que estos documentos no excedan un período de validez de diez años. El cambio de modelo, por tanto, no surge de la nada: responde a exigencias de actualización tecnológica y de seguridad internacional.
El proceso de transición comenzó formalmente en julio de 2024, cuando la Cancillería invitó a gobiernos y entidades productoras de pasaportes a presentar propuestas de cooperación técnica. Se recibieron ofertas de Alemania, Austria, Canadá, Países Bajos, Polonia y Portugal. Tras evaluación en comité de contratación, se escogió a Portugal como cooperante estratégico.
El 2 de octubre de 2024, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento. Posteriormente, el Consejo de Ministros portugués autorizó formalmente a la Imprensa Nacional-Casa da Moneda para representar al Estado portugués en el proyecto. No se trata, entonces, de una contratación privada tradicional, sino de un esquema de cooperación entre Estados, con absoluta transparencia.
El modelo fue estructurado en fases progresivas e incluye fases como capacitación para personalización en Colombia y creación de un stock mínimo; armado y numeración local de libretas; impresión de páginas interiores y contracarátulas; y, finalmente, producción completa de páginas de datos. El horizonte es claro: transferencia tecnológica plena en un período de diez años, con infraestructura y capacidades instaladas en el país.
Uno de los elementos más relevantes —y menos visibles en el debate público— es la propiedad intelectual. El convenio establece que, al término del proceso, los derechos sobre los productos desarrollados serán de las entidades colombianas. En el modelo anterior, esa propiedad recaía en el operador privado. La diferencia no es menor: implica que el Estado podría eventualmente ofrecer servicios similares a otros países y, sobre todo, custodiar directamente la información de sus ciudadanos.
En enero de 2026 se firmó el Contrato Interadministrativo CI005-2026, mediante el cual la Imprenta Nacional de Colombia asumió la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas. Aunque la ley no obliga a exigir garantías en contratos interadministrativos, la Cancillería decidió incorporarlas. inicialmente aseguradoras privadas negaron la expedición de pólizas; Finalmente, se estructuró el esquema con la aseguradora pública La Previsora, tras un análisis técnico de riesgos. Las modificaciones contractuales de marzo respondieron exclusivamente a esa adecuación.
El proceso enfrenta hoy dos frentes judiciales: una controversia contractual promovida por la Procuraduría General de la Nación, que solicita la nulidad del convenio tripartito, y una acción popular presentación por un ciudadano. Ambos casos están en etapa inicial. En la acción popular se han presentado siete coadyuvancias a favor de las entidades demandadas y dos a favor de los accionantes. Está pendiente la decisión sobre la medida cautelar solicitada. No existe hasta ahora orden de suspensión.
Los críticos cuestionan la ausencia de licitación pública y la capacidad técnica inicial de la Imprenta Nacional. Sus defensores sostienen que la contratación interadministrativa está respaldada por la Ley 109 de 1994, la Ley 489 de 1998 y la jurisprudencia constitucional, y que el convenio con Portugal se ampara en el párrafo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que permite acuerdos con personas extranjeras de derecho público bajo sus propias reglas.
Pero más allá de los argumentos procesales, el núcleo del debate es estratégico: durante más de veinte años, la información biométrica de millones de colombianos estuvo bajo un esquema privado. El nuevo modelo busca que esa custodia repose en servidores estatales, en instalaciones verificables de la Imprenta Nacional. En una era en la que los datos son poder, esa decisión no es menor.
El proyecto está en ejecución, con cronograma y transferencia tecnológica en curso. Si eventualmente se decretara una suspensión judicial, el riesgo advertido sería la afectación directa en la expedición del documento y, con ello, el ejercicio del derecho a la libre movilidad.
La discusión seguirá en los tribunales. Sin embargo, el país enfrenta una definición más profunda que la nulidad de un convenio o la validez de un contrato. Está decidiendo si consolida una capacidad pública estratégica en documentos de seguridad o si mantiene una dependencia estructural de terceros.
En tiempos donde identidad digital, seguridad y soberanía son temas centrales del debate global, la pregunta de fondo no es solo jurídica. Es político, institucional y de futuro: ¿quién debe producir y custodiar el documento que acredita nuestra identidad ante el mundo? Lo cierto es que los colombianos tienen hoy un nuevo pasaporte, que garantiza la soberanía nacional y la garantía de derechos. Un pasaporte que abre las puertas a un mundo en el que Colombia adquiere cada día un lugar protagónico. Somos el país de la belleza para visitar y maravillarse, y un país con uno de los pasaportes más bellos y seguros del mundo.
*Ministra de Relaciones Internacionales
