El debate fiscal ha tomado protagonismo en Catalunya y ya no hay pleno en el Parlament en el que haya alguna intervención o iniciativa en la que esta cuestión salga a colación. En una moción sobre políticas deportivas, el PP ha pedido un programa de fiscalidad que incluya deducciones en el tramo autonómico del IRPF, como parte de las cuotas del gimnasio, de las fichas federativas o por la adquisición de material deportivo. La propuesta ha evidenciado la polarización ideológica en este asunto: los 71 diputados del PSC, ERC, Comuns y la CUP lo han tumbado frente a los 62 que suman Junts, Partido Popular, Vox y Aliança Catalana.
Los populares han sostenido la importancia de esta medida y han registrado que se aplica en algunas de las comunidades que gobiernan, como la Comunitat Valenciana, La Rioja, Murcia y Andalucía. El diputado defensor de la moción, Pau Ferran, ha argumentado que aplicar esta deducción permitiría pasar “de las palabras a los hechos” en la promoción de la práctica deportiva y ha instalado al Govern a incrementar la dotación presupuestaria del Departamento de Deportes.
Por su parte, el PSC ha contrapuesto este planteamiento a las acciones que se están llevando a cabo desde la conselleria, que se creó con su llegada al Govern. Los socialistas sostienen que hay comunidades autónomas “interesadas en replicar” los programas de la Generalitat en este ámbito, por lo que creen que “alguna cosa estaremos haciendo bien”. José Ignacio Aparicio también ha reprochado al PP que “critiquen la falta de recursos” y luego hagan propuestas como si hubiera “recursos ilimitados”.
Desde ERC también han criticado el posicionamiento fiscal de los populares, a quienes han acusado de tener “siempre el mismo planteamiento” con la bajada de impuestos y la “motosierra”. La diputada Marta Vilalta les ha echado en cara que piden más inversión, pero “nieguen” un nuevo modelo de financiación.
Los comunes se han opuesto tajantemente a la idea de aplicar deducciones fiscales. Lluís Mijoler ha lamentado que los populares volvieran a arrastrar el debate hacia los impuestos, y les ha emplazado a proponer “más políticas públicas y menos magia fiscal en el despacho”.
Otro punto que ha sido rechazado de la moción del Partido Popular ha sido uno en el que se defendía la derogación de la ley trans y exigir al Gobierno que introduzca las “modificaciones legislativas necesarias” para que el sexo biológico sea el “único criterio determinante para la asignación de las categorías deportivas”. Este punto ha contado con el voto en contra de los 106 diputados del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, mientras que solo se han mostrado partidarios de ello los 28 parlamentarios de los populares, Vox y Aliança Catalana.
Esta iniciativa del PP llega justo tres semanas después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobara hacer pruebas genéticas con el objetivo de que las pruebas femeninas solo estén reservadas a mujeres biológicas, hecho que ha suscitado polémica ya que quedarían excluidas las deportistas transgénero. Es una medida que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En todo caso, la moción de los populares responde a la voluntad de que se aplique en las competiciones estatales y nacionales.
El diputado popular Pau Ferran ha señalado que este es un debate “serio y que merece ser tratado con rigor”. A su juicio, el sexo biológico debe ser el único criterio que guía a las competiciones femeninas porque “así se garantiza la igualdad real”. «Otra cosa es injusticia y destruye los derechos de las mujeres. ¿O ahora dirán que el COI es fascista, que rezuma transfobia y es de extrema derecha?», añadió.
El PSC ha lamentado que se “mezcle deporte con batallas ideológicas” para después añadir que “el deporte ha de ser un espacio de inclusión, convivencia y para todos”. En este punto, coincide con ERC: “Cuando el deporte excluye deja de cumplir su función principal, será un espacio de inclusión y cohesión”, ha sentenciado la republicana Marta Vilalta.
Vilalta también ha tildado de “señalamiento a las personas trans” la propuesta del PP, y les ha acusado de generar un “miedo artificial” acerca de una problemática que no es “generalizada”. Además, ha querido enfatizar que la iniciativa no contenía “ni un punto” que hablara del deporte femenino.
Anna Erra (Junts) ha expuesto que su partido está al lado “de lo que dice la ley LGTBI” en el ámbito deportivo, que fue aprobada en el Parlament a finales de diciembre. Por ello, han votado en contra de lo planteado por la formación popular.
Por su parte, Laure Vega ha reprochado al PP el enfoque del problema. La parlamentaria de la CUP ha indicado que las mujeres “salen temblando de algunas competiciones por los comentarios machistas que tienen que escuchar”, por lo que aboga por centrarse en erradicar estos comportamientos.
En cambio, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha argumentado que “no se prive” al deporte de la “justicia que merece”, para defender que las categorías femeninas han de incluir únicamente a mujeres de sexo biológico.
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