“Un punto de partida en la dirección correcta”. Con estas palabras definió este viernes Ignacio Garriga, el secretario general de Vox el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para gobernar aquella comunidad. Para Garriga Extremadura es un primer paso que tendrá su duplicada en Aragón y probablemente también tendrá su traslación a Castilla y León.
Para el Partido Popular el acuerdo que asegura la presidencia de María Guardiola es la garantía de que cuenta con un aliado estable con el que mantener estos tres gobiernos y tal vez, a largo plazo, lograr gobernar España si por sí solo no alcanza la mayoría suficiente. Un mensaje de estabilidad que ayer, sin embargo, la dirección del partido apenas comentó públicamente. Sólo Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, se limitó a decir que el acuerdo era una “muy buena noticia”.
Sánchez advierte que el Ejecutivo recurrirá “con todas sus fuerzas” si se excede la legalidad
El acuerdo fue celebrado, con algunas salvaciones como las de Juanma Moreno, y algunas objeciones, como las de Isabel Díaz Ayuso, por todo el Partido Popular (ver información adjunta).
Particularmente interesantes fueron las palabras de Juana Moreno, que anhela revalidar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo y evitarse depender de Vox como les ha ocurrido al resto de compañeros del ciclo electoral. “Aquí –dijo ayer en Sanlúcar de Barrameda en una reunión de cargos locales– gobernamos para todos: no rompamos lo que funciona, no demos pasos atrás y sigamos avanzando con serenidad, estabilidad y confianza”.
Para el Gobierno y particularmente para el PSOE el acuerdo de Extremadura es la constatación de que los conservadores han virado definitivamente hacia la derecha y se convierten en actores políticos indistinguibles –“son lo mismo”, vienen diciendo desde hace meses– en la medida que el PP hace suyas las posiciones políticas del partido de Abascal. Unas posiciones, que en opinión de diversos ministros, en algunos puntos son lisa y llanamente ilegales.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, calificó en Barcelona, junto al presidente de Brasil Lula da Silva, de “bloqueo, frenazo e involución” el pacto alcanzado en Extremadura y subrayó que “el papel lo aguanta todo” pero advirtió que el Ejecutivo recurrirá “con todas sus fuerzas” si se excede la legalidad aprobada en las Cortes.
El acuerdo firmado por María Guardiola y su futuro vicepresidente, de Vox, Óscar Fernández, incluye algunas medidas que chocan con la actual legislación como sea la prioridad para los ciudadanos de nacionalidad española en la prestación de servicios públicos y que según la ley tienen carácter universal, por ejemplo la sanidad, la educación o la acogida de menores.
Sobre todo ello se expresó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. A su juicio este acuerdo es un “ejemplo clarísimo” de que “el PP ha comprado todo el marco xenófobo, racista y contrario al desarrollo de los derechos para mantenerse en el gobierno en Extremadura”. Bolaños, en una entrevista en La Sexta, criticó que el pacto extremeño, alcanzado tras la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno, incluye medidas “absolutamente inhumanas, como no dar servicios públicos a personas migrantes en situación irregular”.
La ministra Sira Rego, por su parte, recordó que algunas materias que se ven afectadas por el pacto no son de competencia autonómica y en consecuencia atañen al Gobierno y, dijo, no se ejecutarán. Sin ambages calificó el pacto de “racista y prevaricador”.
Otras fuentes del Gobierno señalaron que vigilarán también que el acceso a la vivienda en Extremadura respete la igualdad “entre todos los seres humanos” y no se rija por criterios racistas ni xenófobos.
