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En República Dominicana estamos cometiendo un error grave: estamos cobrando una política ambiental sin medir el daño ambiental.
La forma en que se está aplicando la Ley de Residuos Sólidos no solo es técnicamente débil, sino peligrosamente distorsionadora. Porque rompe el principio básico que rige cualquier modelo serio en el mundo: quien más contamina, más paga.
Ese no es un eslogan. Es un estándar aplicado en Europa, en países de la OCDE y en economías que han logrado avances reales en gestión de residuos mediante esquemas de responsabilidad extendida del productor, medición por tipo de actividad y sistemas de incentivos al reciclaje.
Aquí hemos decidido hacer lo contrario.
Cobrar en función de la facturación.
Y eso no tiene sentido.
Ingresos no es igual a impacto.
Una empresa digital puede facturar RD$200 millones al año con una huella física prácticamente nula. Mientras tanto, una empresa del sector alimentos, con menor facturación, puede generar toneladas diarias de residuos orgánicos, plásticos, cartón y descargas líquidas.
Bajo el esquema actual, ambas pueden terminar pagando lo mismo o incluso más la que menos contamina.
Eso no es equidad. Eso es distorsión.
El problema se agrava con el tope aplicado a empresas que facturan más de RD$100 millones anuales. En lugar de hacer el sistema más progresivo, lo vuelve regresivo.
Las empresas grandes ven limitado su aporte justo cuando deben contribuir más. Mientras tanto, empresas por debajo del umbral pueden terminar pagando proporcionalmente más, sin que su impacto ambiental lo justifique.
Se rompe la lógica. Se rompe la justicia.
Y se envía un mensaje peligroso: crecer formalmente puede salir más caro, aunque no contamine.
El trasfondo es evidente. El Estado ha optado por lo fácil en lugar de lo correcto.
Cobrar por facturación es simple, medible y fiscalizable a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero lo fácil no necesariamente es justo.
Medir residuos reales es más complejo. Requiere clasificación por sectores, estimaciones técnicas, trazabilidad y auditorías. Pero eso es precisamente lo que diferencia una política pública seria de un simple mecanismo recaudatorio.
Un modelo moderno no se construye con una sola variable. Se diseña combinando tipo de actividad, volumen estimado de residuos, capacidad económica y un sistema claro de incentivos.
No contamina igual una cementera que una empresa de medios. Sectores como construcción, turismo, consumo masivo y alimentos tienen huellas significativamente mayores. Y cualquier esquema responsable debe reflejar esa realidad.
Además, los países que han avanzado en economía circular hacen algo clave: premian al que reduce, reutiliza y recicla. Aquí no.
Aquí se cobra, independientemente del comportamiento ambiental.
Pero el problema no es solo técnico. También es constitucional.
El principio de igualdad ante la ley se vulnera cuando se trata igual a quien no genera residuos ya quien sí los genera masivamente.
El principio de proporcionalidad se rompe cuando el cobro no guarda relación con el impacto ambiental real.
Y la capacidad contributiva se distorsiona al usar la facturación como única referencia, ignorando márgenes, estructura de costos y naturaleza del negocio.
Más delicado aún es pretender aplicar este esquema a organizaciones sin fines de lucro.
Gravar ONGs que no persiguen beneficios económicos, muchas de ellas dedicadas a labores sociales, comunitarias e incluso ambientales, no solo es un error técnico. Es una contradicción institucional que abre un debate serio sobre la libertad de asociación y el rol del Estado frente a la sociedad civil.
Si esta lógica se mantiene, el mensaje es claro y preocupante.
No importa cuánto contamine.
Importa cuántas facturas.
No importa si reduce los residuos.
No importa si reciclas.
El sistema no distingue. Cobra solitaria.
Y mientras tanto, los grandes generadores reales de residuos siguen sin ser medidos con precisión, diluidos dentro de un esquema generalista que no resuelve el problema de fondo.
La República Dominicana necesita una política de residuos seria, técnica y justa.
Un modelo basado en generación real, diferenciado por sector, con incentivos claros a la reducción y al reciclaje, y con verdadera progresividad.
Lo que no puede permitirse es una ley que confunde ingresos con impacto, rompe principios constitucionales y termina castigando a quien menos contamina.
Porque una ley que no mide la contaminación no es ambiental.
Es recaudatoria.
Por Elvin Castillo
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