La Fiscalía ha recurrido el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordado por el juez Juan Carlos Peinado. El instructor puso a un pie del banquillo de los acusados a ésta, su asesora Cristina Álvarez y el empresaro Juan Carlos Barrabés, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, y malversación de caudales públicos.
El fiscal solicita a la Sala que archive la causa para los tres por “no ser los hechos constitutivos de infracción penal”. El instructor considera que hay indicios de delito la codirección de una cátedra por parte de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), además del software que se desarrolló por empresas privadas y el uso de su asesora para sus negocios privados.
Tras el auto de procesamiento, Peinado dio cico días a las partes para presentar los escritos de acusación. La acusación popular que lidera la organización ultra Hazte Oír reclama 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno por los cuatro delitos que propuso el juez, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por “riesgo de fuga”. También pide 22 años para su asesora y seis para Barrabés.
La organización considera que existe “un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres”, por lo que interesa que, como medidas cautelares, se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.
Hazte Oir relata que tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018 Begoña Gómez “con plena conciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical” a su carrera, aprovechándose de la influencia que le otorgaba ser la mujer del jefe del Ejecutivo.
Así, manifiestan desde esta asociación, Gómez logró dirigir una cátedra en la Universidad Complutense, un trabajo en el que la ayudó el empresario Barrabés, a quien ella, en contraprestación, escribió cartas a favor de sus proyectos para que recibiera ayudas.
Agreguen que una vez en ese puesto Gómez se apropió indebidamente de un ‘software’ de la Complutense y que logró que se nombrara a Cristina Álvarez como su asesora para labores privadas con la connivencia de esta.
De cara al juicio solicita que comparezcan un centenario de testigos, entre ellos el presidente del Gobierno, y también el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuyo testimonio “es determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y el alcance funcional del puesto”.
