Cuando hay que explicar lo que está escrito, en este caso un acuerdo, es que algo no está bien hecho o bien dicho. Ya estamos acostumbrados a que lo que se pacta quiera decir una cosa para unos y otra para otros, hasta el punto de que muchas veces la dificultad de los acuerdos está en encontrar las palabras justas para que los puntos acordados puedan decir una cosa, sin decirla, y haya quien hasta pueda descubrir en esos términos lo contrario de lo que significan palabra por palabra.
La “prioridad nacional” que ha acuñado Vox para permitir la investidura de los candidatos del PP en Extremadura y Aragón es un claro ejemplo de lo que los pactos pueden decir, o no, y cómo pueden ser interpretables. Eso sí, como a quienes los suscriben les sobreentiendo una gran capacidad cognitiva, no podrán decir ahora que no querían decir lo que dicen, o que no se habían dado cuenta de que lo que ponía no era exactamente lo que ahora se interpreta. La pregunta, como me ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo con los pactos entre el PSOE y ERC o Junts, es quién ha engañado a quién, quién se ha dejado engañar por quién, o si los dos han pactado las distintas interpretaciones e incluso mostrarse indignados por las que hacen los otros.
No se puede negar que Abascal ha encontrado una bandera que puede darle votos del PP
Vayamos a un pacto ya firmado por PP y Vox. El de Aragón. El apartado 2 es “Inmigración” y en la página 10 aparece la frase mágica con la que Abascal pretende remontar el vuelo que las encuestas estaban poniendo en duda: “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas”. En negrita. Poco que interpretar, porque palabra por palabra lo dice todo. Sin embargo, tras el enunciado viene el párrafo explicativo: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procura la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, verdadero y verificable con el territorio”.
Queda clara la inspiración de la prioridad nacional a la hora de acceder a las ayudas públicas, sea cual sea la interpretación, aunque con un añadido, que mantengan arraigo verdadero y verificable. Ese arraigo, años de empadronamiento en una comunidad determinada, ya se pide a nacionales ya extranjeros para acceder a esas ayudas. Entonces, quiere decir que un español sin ese arraigo que ahora se le exige podría obtener esas ayudas, o que solo los españoles podrán optar a ellas.
De momento el sueño de Abascal, antes no lo tenía, no se podrá imponer, porque sería ilegal. Pero el debate sobre ese principio viene al caso porque, aunque el CIS diga que Pedro Sánchez ganaría las próximas elecciones, existe la posibilidad de que haya un gobierno de PP y Vox, y entonces, si le dieran los números, podrían cambiar las leyes pertinentes.
Más adelante, el acuerdo de Aragón establece que “este sistema, adecuado a la legalidad vigente incluido”, y enumera los requisitos que se impondrán. La prioridad nacional toma cuerpo y un español y un inmigrante no tendrán los mismos derechos, pero sí los mismos deberes. Es decir, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos, pero tendrán que esperar para optar a las ayudas.
No se puede negar que Santiago Abascal ha encontrado una bandera que puede darle votos, y quitárselos al PP. Dice el presidente de Vox, lo decía el sábado en Andalucía, que defiende el principio de “prioridad nacional”, porque es lo que quieren los españoles. Es mucho decir, nada avala esa afirmación, pero por esa regla de tres debería defender el aborto, porque un 59% de los españoles lo apoya. Las palabras que se esconden en el acuerdo, con sus interpretaciones, crean odio, recelo al inmigrante, que está contribuyendo a la riqueza de este país, y aliena bulos como que reciben más ayudas que los españoles. Y en igualdad de condiciones, no es así.
