Junts ha infligido este martes una doble derrota de enorme calado político al Gobierno en el Congreso al unir sus votos a los de PP y Vox para tumbar, con escasos minutos de separación, dos de las iniciativas más sensibles de la legislatura. El decreto de vivienda impulsado por Sumar y el consorcio de inversiones pactado entre ERC y el PSC para reforzar la participación de la Generalitat en las inversiones estatales en Catalunya. El revés golpea de lleno a la coalición en vísperas de la campaña andaluza, con unas encuestas ya muy adversarios para las izquierdas frente al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que aspira a revalidar su mayoría absoluta.
La caída del decreto de vivienda -con 177 votos en contra (los de PP, Vox y Junts) y la abstención del PNV- ha ensanchado además la distancia entre PSOE y Sumar dentro del Gobierno. Los dos socios no han accionado como bloque durante la tramitación parlamentaria de una norma que el espacio de Yolanda Díaz se había convertido en una de sus grandes banderas políticas. La imagen del debate ha resumido buena parte de esa fractura: Yolanda Díaz y Ernest Urtasun han sido los únicos ministros que han acompañado desde la bancada azul a Pablo Bustinduy durante la defensa de un decreto que en la Moncloa daban prácticamente por perdido desde que Junts confirmó su rechazo. La ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha irritado profundamente a Sumar y ha sido comentada incluso por otros socios parlamentarios. “Si el PSOE hubiera puesto la mitad de voluntad que puso para sacar adelante la ley de Amnistía, estaríamos hablando de otro resultado”, resumían fuentes del grupo plurinacional. Durante el debate, Gerardo Pisarello reprochó además a los socialistas no haber implicado “lo suficiente” en la negociación, una acusación de que el diputado del PSOE Ignasi Conesa respondió pidiendo no “errar el tiro” ni confundirse de adversario. En el PSOE, en cualquier caso, rebajaban el choque interno y atribuían las críticas a “un berrinche de Sumar”.
Sumar ha apostado por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy —uno de los nombres con más consenso para un eventual liderazgo futuro de la izquierda plurinacional—, para defender la postura desde la tribuna asumiendo el coste político de una derrota ya prácticamente escrita. El gesto ha buscado subrayar una idea de fondo. Convertir la defensa de la vivienda en una batalla identitaria del espacio, incluso en un escenario adverso en términos parlamentarios porque, como insisten en asegurar, «hoy se ha perdido una votación, pero no la batalla. Ni mucho menos». La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que Sumar va a estudiar “todas las medidas posibles” para seguir protegiendo a los inquilinos -incluido un hipotético nuevo decreto- y ha apelado abiertamente a la “movilización social” como palanca política. El decreto ha terminado decayendo con 177 votos en contra —los de PP, Vox y Junts— y cinco abstenciones correspondientes al PNV.
En el bloque de las derechas, El PP ha justificado su rechazo argumentando que el decreto “incrementa el precio de la vivienda porque disminuye la oferta”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, aunque el efecto inmediato de su derogación puede ser precisamente lo contrario: una subida acelerada de los alquileres en las renovaciones de contratos.
Miriam Nogueras ha rechazado de plano el acuerdo sobre el consorcio de inversiones al considerar que suponía “rebajar las aspiraciones de Catalunya hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda”
La segunda derrota de la jornada ha llegado poco después con el rechazo al consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat, una iniciativa impulsada por ERC y pactada con el PSC para reforzar la participación catalana en la planificación y seguimiento de inversiones estatales. Junts ha vuelto a alinearse con PP y Vox, aunque por razones radicalmente distintas, y ha dejado políticamente aislados a los republicanos. La iniciativa no ha prosperado tras sumar 168 votos a favor frente a 181 en contra, correspondientes a PP, Vox, Junts, PNV y UPN.
La diputada de ERC Inés Granollers ha apelado directamente a los siete diputados de Junts para que actuaran con “responsabilidad para con el país”, recordando que “Catalunya continúa siendo desgraciadamente parte del Estado español” y que su futuro “se decide también haciendo política en Madrid”. Pero Miriam Nogueras ha rechazado de plano el acuerdo al considerar que suponíamos “rebajar las aspiraciones de Catalunya hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda”. El portavoz de Junts ha denunciado que el consorcio consolidaba el control de Madrid sobre las infraestructuras estratégicas catalanas y ha resumido la posición de su partido en una frase: «Catalunya no necesita un consorcio. Catalunya necesita que nos hagan las transferencias del dinero que nos corresponden. O pagan o pagan».
La doble derrota ha vuelto a retratar la extrema fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la creciente disposición de Junts a marcar perfil propio a costa del Gobierno incluso en votaciones de alto costo político para la izquierda. En plena antesala electoral andaluza, el golpe amenaza además con reforzar la imagen de un Ejecutivo incapaz de garantizar la estabilidad parlamentaria.
Futuro incierto para los inquilinos
La caída del decreto de vivienda ha dejado además un escenario de enorme inseguridad jurídica para miles de inquilinos. La norma, impulsada por Sumar tras semanas de tensión con el PSOE, permitía prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencieran entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta. Durante el tiempo que ha permanecido en vigor, los arrendatarios han podido solicitar mediante burofax la ampliación obligatoria de sus contratos, mientras los propietarios quedaron forzados a mantener las mismas condiciones del alquiler durante dos años adicionales.
A partir de ahí se abre ahora el principal nudo jurídico que deja la derrota parlamentaria. La doctrina del Tribunal Constitucional establece que la no convalidación de un decreto ley provoca su desaparición inmediata del ordenamiento, aunque no invalida los efectos ya producidos durante su vigencia.
Sin embargo, la interpretación dista de ser unívoca. Una parte de los juristas sostiene que los derechos adquiridos por los inquilinos al amparo de la norma se consolidan en el momento en que fueron ejercidos. Otros, en cambio, entienden que la caída del decreto arrastra consigo también las obligaciones de los propietarios, incluso en los casos en los que ya se hubiera enviado el burofax de solicitud.
El resultado es un escenario de alta incertidumbre que, según advierten fuentes sindicales como UGT, podría desembocar en una “avalancha” de litigios en los tribunales ante un marco normativo sin precedentes recientes.
