El Parlament tiene vía libre para aprobar definitivamente el proyecto de ley de urgencias en materia de vivienda, una norma fundamental para el Gobierno de Salvador Illa en medidas su empeño de agilizar la construcción de vivienda protegida y de aplicar para aumentar la protección social en las denominadas zonas tensionadas. Una vez que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido el dictamen -meramente consultivo y no vinculante- solicitado por Junts y PP catalán, y que este avala la constitucionalidad de la ley, esta podría recalar en el Parlament antes de que finalice el año para su aprobación definitiva, tal y como pretendía el Ejecutivo catalán.
El dictamen conocido este miércoles declara conforme a la Constitución los preceptos cuestionados por estos partidos, entre ellos la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la regulación del registro de grandes tenedores de vivienda, la posibilidad de limitar los usos de las viviendas mediante el planeamiento urbanístico, así como diversos aspectos procedimentales de la tramitación parlamentaria, apuntados particularmente por Junts.
En cambio, el CGE sí plantea objeciones a un aspecto en particular de la ley, el de la prórroga automática de la calificación de vivienda de protección oficial en zonas de mercado residencial tensionado, una medida incluida por el Gobierno a petición de los Comuns ante el peligro de que una gran cantidad de viviendas con esa condición la perdieran en pocos meses, lo que repercutiría directamente en un aumento de precio de los alquileres.
La ley, negociada con ERC y Comunes,
podría recalar en el Parlament antes de que finalice el año para su aprobación definitiva
La norma recoge una prórroga obligatoria de la protección social mientras dure la declaración de una zona de mercado residencial tensionado, pero el CGE considera que este precepto “plantea dudas” respecto a la ley que regula la vigencia de la calificación de protección oficial, así como “su incidencia sobre situaciones jurídicas individualizadas”. La conclusión a la que llega el órgano consultivo es que esta medida “genera en sus destinatarios una incertidumbre insuperable sobre la conducta exigible y sobre los efectos de la norma” porque no permite identificar “con suficiente claridad el ámbito de aplicación temporal”. La vulneración del principio de seguridad jurídica que aprecia el CGE le hace señalar que “sería necesaria una norma con rengo legal” para aclarar esta cuestión.
Más allá de estas consideraciones, el órgano consultivo suscribe un aval general del proyecto de ley impulsado por el Govern junto con sus aliados de investidura, que fue ampliamente debatida en comisión, y que incluye una medida determinante para agilizar el plan de vivienda propuesto por Illa, al incluir un mecanismo que permita agilizar la construcción de vivienda protegida. Se trata de la licencia básica de construcción, una licencia que los promotores podrán disponer en un plazo máximo de un mes y que permitirá el inicio de obras en viviendas de protección oficial, aunque se tramita la licencia definitiva en paralelo. El objetivo es acelerar los proyectos ante la lentitud de los procedimientos urbanísticos actuales, que retrasan y encarecen las construcciones.
