Mientras 120 países del mundo se preparan para recibir lenacapavir —el medicamento inyectable de acción prolongada más avanzado para prevenir y tratar el VIH— a un precio preferencial de 40 dólares al año, en Colombia el costo podría ascender a 28.000 dólares. La diferencia, advierten organizaciones civiles, no solo es desproporcionada: amenaza con profundizar la inequidad en el acceso a tecnologías que podrían reducir las nuevas infecciones en la región.
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Este martes, Aids Healthcare Foundation (AHF) y más de 200 organizaciones de América Latina lanzaron la campaña #InnovaciónSinExclusión, un llamado público para que la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences se extienda a la región el acuerdo de precios bajos anunciado para países de ingresos bajos (la mayoría de ellos africanos).
Hasta ahora, la compañía no ha dado respuesta a esa solicitud y tampoco el Gobierno colombiano (ni otros de la región), que no ha fijado una postura oficial. En la práctica, la discusión ni siquiera ha comenzado en nuestro país porque Gilead no ha solicitado el registro sanitario del medicamento ante el Invima, condición indispensable para cualquier negociación.
Más de 200 organizaciones advierten que América Latina enfrenta un riesgo de inequidad en prevención Foto:Edwin Caicedo. EL TIEMPO
Un medicamento que marca un cambio de era.
Lenacapavir —comercializado en Estados Unidos como Yeztugo— fue aprobado por la FDA en 2024 como la primera opción de profilaxis preexposición (PrEP) de administración semestral. Estudios clínicos realizados en África, Estados Unidos y América Latina demostraron que más del 99,9 % de los participantes se mantuvieron sin infección por VIH, un nivel de eficacia sin precedentes.
La ventaja principal es su dosificación: dos inyecciones subcutáneas al año, lo que elimina las barreras de adherencia que durante años han frustrado la expansión de los tratamientos orales de consumo diario.
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“Estamos hablando de uno de los mayores avances científicos de nuestro tiempo”, dijo la compañía al anunciar la aprobación. En diciembre de 2024, la revista Science lo nombró ‘Avance del año’ por su potencial para transformar la prevención del VIH.
En América Latina, ese potencial —por ahora— está lejos de materializarse.
El costo real del lenacapavir, de 28.000 dólares, lo hace inalcanzable para el sistema de salud. Foto:Gilead Sciences Inc.
La exclusión latinoamericana del lenacapavir
El acuerdo anunciado por Gilead establece que más de 100 países del mundo podrán adquirir la versión genérica del medicamento a 40 dólares al año. Aunque la lista abarca más de una gran cantidad de naciones, menos del 10% de la población latinoamericana quedó cubierta. Entre los países incluidos están Bolivia y Honduras, pero quedaron por fuera las economías y poblaciones con mayor carga de VIH en la región: Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina, Chile y Guatemala, entre otros.
Incluso quedaron por fuera de ese acuerdo en algunos de los países de la región donde millas de voluntarios participaron en los ensayos clínicos que hicieron posible el desarrollo del medicamento. Por ejemplo en Brasil, Perú, Argentina y México, donde hoy también tendría que pagarse a 28.000 dólares el medicamento, se realizaron las investigaciones clínicas para lograr producir el medicamento.
“La salud es un derecho y las tecnologías no pueden ser excluyentes”, afirmó Sandra Ávila, gerente de programas de AHF en Colombia. «Nuestros países no son millonarios. Tenemos población en pobreza, personas que no pueden acceder ni siquiera a medicamentos esenciales. ¿Cómo vamos a hablar de prevención si un medicamento puede costar 28.000 dólares al año?»
AHF recuerda que, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública de México, el acceso regional a lenacapavir podría reducir hasta el 68 % de las nuevas transmisiones del VIH antes de 2030.
El medicamento, con eficacia superior al 95%, podría valer 700 veces más en Colombia. Foto:iStock
La presión sobre la farmacéutica ha venido creciendo. El pronunciamiento regional recoge la posición de centenares de organizaciones que exigen que la compañía pública los criterios de inclusión y exclusión, extienda el acuerdo a Latinoamérica y permita que los países puedan negociar condiciones transparentes.
Ávila insiste en que el problema no es el medicamento, sino su precio: «Es una tecnología necesaria tanto para la prevención como para el tratamiento de pacientes con resistencia a múltiples fármacos. Pero al quedar excluidos del acuerdo, nuestros países quedan sin opciones. Y eso significa más infecciones, más muertes y más presión sobre los sistemas de salud».
El reclamo es doble: a Gilead, por las condiciones económicas, ya los gobiernos. “Creemos que nuestros países deben pensarse más en bloque, no seguir aceptando negociaciones individuales y confidenciales”, señala Guillermina Alaniz, directora global de políticas y defensoría de AHF. Según ella, los diálogos formales con Gilead han sido “pocos” y sin avances concretos.
«No hubo respuesta positiva a nuestros pedidos. Pero tenemos más fe en que los gobiernos latinoamericanos comiencen a usar herramientas como negociaciones regionales, licencias obligatorias o mecanismos coordinados a través de la OPS», explicó.
Con dicha posición coincide Jorge Pacheco, el director de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida. Para él, toda la región debe unirse desde organizaciones de la sociedad civil para “seguir haciendo presión”. De acuerdo con el líder, cada tres meses las distintas organizaciones que hoy hicieron un llamado por este medicamento se están reuniendo para tratar de buscar que su acceso en Colombia sea más sencillo.
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En Colombia, según datos de la Cuenta de Alto Costo, unas 211 mil personas viven con VIH. Foto:stock
«Tenemos que incentivar la fabricación de estos medicamentos en el país. Colombia tiene la infraestructura para hacerlo. Es un medicamento supernovedoso, superbondadoso, que va a permitir que una persona con dos inyecciones anuales pueda llegar a la indetectabilidad, que es lo que estamos buscando. También reducir la falta de adherencia de no tomar el medicamento y la no adherencia farmacológica con las dificultades en el acceso a medicamentos por la no entrega de los fármacos», destaca Pacheco.
Sin registro en Colombia: un reloj que no arranca
Una de las barreras más críticas está en el propio calendario regulador. Aunque el medicamento ya fue aprobado por agencias de referencia como la FDA y la EMA, en la mayoría de países latinoamericanos Gilead ni siquiera ha solicitado su registro, lo que aplaza por años cualquier eventual acceso.
“Si no hay solicitud ante el Invima, esta discusión puede demorarse tres o cuatro años”, advierte Ávila. «Y en Colombia no existe una sola solicitud. Así es imposible que el Estado siquiera comience a evaluar costos, alternativas o mecanismos de compra».
Alaniz agrega que en países como Sudáfrica las autoridades sanitarias otorgan rutas rápidas de aprobación, pero para que eso suceda en toda América Latina, la farmacéutica debe primero radicar los expedientes, algo que no ha hecho.
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El acuerdo de precio preferencial, recuerdan las organizaciones, fue posible gracias a las licencias voluntarias otorgadas por la compañía a un grupo limitado de fabricantes genéricos, la mayoría en India, que podrán producir a 40 dólares la dosis anual.
Hasta el momento, Gilead no ha respondido públicamente al llamado de la sociedad civil para extender el beneficio a América Latina. El Gobierno colombiano tampoco ha hecho pronunciamientos sobre la exclusión del país del acuerdo global ni sobre la ausencia de solicitud de registro sanitario.
Entre tanto, la campaña #InnovaciónSinExclusión insiste en un mensaje central: la innovación científica solo transforma vidas cuando es accesible. Para millones de personas en América Latina, esa promesa —de momento— está en pausa.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
