La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advirtió sobre un deterioro crítico del sistema de salud colombiano, tras conocer los resultados de un estudio de la Contraloría General de la República que evaluó las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024. Según el gremio farmacéutico, los hallazgos del organismo de control confirman el fracaso de estas medidas y evidencian un riesgo creciente para la continuidad de los servicios, en especial en el suministro de medicamentos.
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De acuerdo con el informe de la Contraloría, el 75 % de las EAPB intervenidas presenta un desempeño calificado como “medio-bajo”, sin mejoras sustanciales en su sostenibilidad financiera. Este bajo rendimiento ha tenido un impacto directo sobre millones de usuarios del sistema de salud. En total, 29,25 millones de afiliados, equivalente al 58 % de la población asegurada en el país, dependen hoy de entidades con serias dificultades operativas y financieras, lo que se traduce en fallas recurrentes en el acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos esenciales.
Ignacio Gaitán, director ejecutivo de Afidro. Foto:Afidro
El documento del contrato de control también advierte un deterioro progresivo del sistema en el mediano plazo. La probabilidad de una crisis estructural pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024 y, de mantenerse las condiciones actuales, podría alcanzar el 60,4 % en 2026. Para Afidro, estas cifras confirman que las intervenciones no solo no han logrado estabilizar a las entidades bajo vigilancia estatal, sino que han profundizado los riesgos para la atención de los pacientes.
En este contexto, el retiro de un gestor farmacéutico de la operación de la Nueva EPS, anunciado a partir del 1 de enero, fue interpretado por el gremio como una señal concreta de la pérdida de capacidad operativa y financiera de las aseguradoras intervenidas. Afidro señaló que este hecho no puede considerarse aislado, sino como una consecuencia directa de la acumulación de deudas y del deterioro de los flujos de pago dentro del sistema.
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Según el informe citado, las EAPB intervenidas acumulan obligaciones por 9,3 billones de pesos con la red de prestación de servicios de salud. A esto se suma que, en algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50% de los recursos disponibles, lo que reduce de manera significativa los fondos destinados al pago de medicamentos y servicios asistenciales. Además, la cartera vencida de estas entidades aumentó un 70 %, una situación que limita la capacidad de los proveedores y operadores logísticos para mantener sus operaciones.
El 58% de los afiliados está vinculado a EAPB con serias dificultades financieras. Foto:César Mateus – EL TIEMPO
Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, señaló que la suspensión de servicios por parte de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS confirma las advertencias que el sector venía haciendo desde hace meses sobre el deterioro del sistema. Indicó que el retiro de un operador de la cadena de suministro farmacéutico refleja la pérdida total de capacidad de pago de la entidad aseguradora y tiene consecuencias directas sobre los pacientes. Entre ellas, mencionó la interrupción de tratamientos para personas con enfermedades crónicas, la falta de continuidad terapéutica en pacientes oncológicos y la escasez de insumos para los trabajadores de la salud. A su juicio, el informe de la Contraloría ratifica que las intervenciones no han funcionado y que los modelos de control aplicados han sido ineficaces, mientras el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos se ve comprometido.
El estudio del ente de control también evidencia fallas estructurales en los procesos de liquidación. Solo se ha logrado recuperar el 6,07 % de las cuentas por cobrar de las entidades liquidadas: de un total de 3,05 billones de pesos, apenas 185 mil millones han sido efectivamente recaudados. Aunque diez de las once entidades liquidadas reportan un cumplimiento superior al 90 % de sus planos, el pago real de sus deudas oscila entre el 35 % y el 40 %, lo que, según el informe, demuestra que los mecanismos de evaluación se concentran en el cumplimiento de actividades formales y no en resultados financieros efectivos. Además, persisten deudas por 770 mil millones de pesos con las Empresas Sociales del Estado, una carga que ha afectado gravemente la operación de los hospitales públicos.
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Afidro aseguró que la suspensión de servicios a la Nueva EPS no es un hecho aislado. Foto:MAURICIO MORENO
Frente a este panorama, Afidro hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte soluciones financieras urgentes que permitan evitar un colapso mayor del sistema de salud. El gremio insistió en la necesidad de un cálculo y una definición adecuada de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como en la implementación de una transición ordenada que garantice la continuidad de los tratamientos de los pacientes. En particular, solicitó que el Gobierno asegure que la Nueva EPS y otras entidades intervenidas puedan pasar a nuevos operadores logísticos sin que se interrumpa el acceso a los medicamentos.
Finalmente, Afidro reiteró su compromiso con la salud de los colombianos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que aseguren el acceso oportuno a los medicamentos, la viabilidad operativa de la cadena de suministro farmacéutico y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
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