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El presidente Gustavo Petro firmó en Cereté, Córdoba, la sanción que pone en marcha la Jurisdicción Agraria, una pieza clave en la reorganización de la justicia rural en Colombia. Con esta decisión, entra en operación la Ley Estatutaria que crea jueces y tribunales especializados para atender, de forma exclusiva, los conflictos relacionados con la tierra.
La medida instala una nueva estructura judicial enfocada en los territorios. Así como en Colombia existen tribunales relacionados a asuntos penales, constitucionales o administrativos, la Jurisdicción Agraria pasará a formar parte del organigrama judicial del país y saldará décadas de demoras en los estrados relacionados con problemas de linderos, arriendos, ocupantes o baldíos.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aplaudió la sanción presidencial de la Jurisdicción. La encargada de esa cartera asegura que servirá para dirimir conflictos sin necesidad de violencia o demoras de años.
«Ahora sí podemos decir que habrá jueces y magistrados agrarios que le devuelvan la dignidad al campesinado. Esta fue una apuesta esencial del Acuerdo de Paz», comentó Carvajalino.
Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras y quien ha defendido la aprobación y posterior sanción de esta justicia, aseguró, “este es un paso clave que agilizará la redistribución de la tierra en Colombia y contribuirá a un país más justo con sus campesinos y comunidades étnicas”.
Una justicia justa
La intención de esta Jurisdicción es que las comunidades campesinas encuentren respuestas más cercanas y ajustadas a sus realidades, con jueces y magistrados formados en derecho agrario y ambiental. El decreto establece ese perfil como requisito, con el objetivo de que las decisiones incorporen enfoques sociales, culturales y de género.
Y es que hoy hay, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras, cerca de 16.300 hectáreas en un limbo que, a falta de esta Jurisdicción, pueden tardar décadas en solventarse en otras ramas judiciales. “Aprobar la jurisdicción es saldar una deuda con los campesinos y debería ser un proyecto de país, no de este Gobierno”, asegura Harman.
Dentro del diseño institucional aparece la figura de los facilitadores agrarios. Su tarea será orientar gratuitamente a quienes acuden al sistema, acompañar los procesos y hacerlos más comprensibles. La implementación priorizará zonas con mayores rezagos en la distribución de la tierra y regiones marcadas por el conflicto, como los territorios PDET, creados también con el Acuerdo de Paz.
¿Y qué sigue ahora? El proceso continúa con la expedición de una ley ordinaria que definirá los procedimientos y el funcionamiento de esta jurisdicción. Es decir que si esta ley que sancionó el presidente Petro le da cabeza a la Jurisdicción, la ley ordinaria le dará manos y pies para empezar a funcionar.
A la par, el Consejo Superior de la Judicatura asumirá la organización de los despachos, la asignación de equipos técnicos y la formación de jueces y magistrados.
saldando deudas
En el mismo evento en que el Gobierno sancionó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria hubo otros momentos de felicidad, especialmente para los campesinos de Córdoba. El evento también contó con la entrega de 3.600 hectáreas de tierras productivas a familias que vieron cómo el frente frío los despojó de sus hogares en Córdoba. El acto, inicialmente, beneficiará a más de 1.000 familias campesinas que ahora verán cómo la tierra que durante años fue acaparada por narcotraficantes o actores ilegales, ahora será de su propiedad.
Las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras, bajo el liderazgo del director Harman están destinadas a municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté. En esas zonas, varios predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pasaron a manos de organizaciones campesinas y asociaciones productivas.
Por ejemplo, en Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, la Agencia de Tierras recuperó y adjudicó 714 hectáreas distribuidas en 11 predios que habían estado bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que hoy pasan a manos campesinas. Varios de estos bienes estuvieron vinculados a figuras condenadas por delitos como narcotráfico y corrupción, entre ellas Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’; Camilo Torres, ‘Fritanga’; y el exsenador Musa Besaile Fayad, hallado culpable de participar en el “Cartel de la Toga” y otros hechos de desfalcos públicos.
La redistribución de estas tierras se concretó a través de organizaciones rurales en cada municipio. En Cereté, dos predios de casi 200 hectáreas fueron entregados a Apacis, Asoparcer y Asopico, consideradas como plataformas de derechos campesinos del territorio. En Planeta Rica, cinco fincas pasaron a asociaciones productivas como Guardabosques Agropecuarios de Campo Bello y Manos Campesinas. Sahagún, por su parte, vio cómo un terreno de 50 hectáreas quedó en manos de Ascaprolu.
«Hemos dispuesto de una cruzada con el objetivo de recuperar las ciénagas y los playones de Córdoba; recuperar los bienes baldíos de Colombia para entregárselo a los campesinos. Los tiempos en que las autoridades se amangualaban (sic) para acaparar la tierra se acabó», explicó Felipe Harman luego de la entrega.
una mano amiga
Las acciones en el departamento también abarcan la recuperación de sistemas hídricos que fueron los protagonistas de inundaciones que afectaron a casi medio millón de personas en Córdoba y el Caribe. Y es que la Agencia de Tierras comenta que su intervención en el territorio no se remitirá únicamente a recuperar y adjudicar predios: también resolverá los problemas que el acaparamiento causado.
Así lo explicó el director Harman: “Estamos haciendo intervenciones en el humedal Berlín para asegurar la interconexión hidráulica y recuperar una reserva de baldíos de la Nación que beneficia a comunidades anfibias que históricamente han vivido de este territorio”.
En Montería, por mencionar un caso, avanzan intervenciones en humedales, como el de Berlín, para restablecer el flujo del agua y reconectar ciénagas que resultaron afectadas por obras irregulares. Estos trabajos cuentan con el apoyo del Ejército y autoridades ambientales.
«Gracias por el apoyo oportuno y diligente del Gobierno y de la Agencia Nacional de Tierras. Hoy les hablo desde la dignidad: queremos devolverle al humedal Berlín su condición de ecosistema con la reubicación integral de estos campesinos», explicó Sherly Miranda, una campesina beneficiaria de tierras en Córdoba.
La estrategia, bautizada como Misión Córdoba, articula estas intervenciones con espacios de participación comunitaria. En distintos municipios se han desarrollado asambleas campesinas y encuentros con comunidades étnicas, junto con ruedas de negocios orientadas a la compra de nuevas hectáreas productivas.
«Esto tiene que ver tanto con la justicia social como con la justicia climática. Estamos escribiendo unas páginas en donde le enseñamos al mundo que si queremos justicia climática, primero debemos saldar la social. La crisis climática afecta de primer grado a la gente pobre», aseguró el presidente Petro en el evento.
Para los líderes campesinos, las tierras entregadas por la Agencia Nacional de Tierras representan más que unas parcelas productivas, también son un acto de reivindicación. Así lo manifestó Rafael Espitia, vocero comunitario de Córdoba, que aseguró que «tras 40 años, llegó la hora de tener la oportunidad de tener una tierra propia. Estas tierras que pertenecieron a un narcotraficante ahora reconocen nuestra lucha de defensa del humedal y el territorio».
Según cifras oficiales, durante el Gobierno Petro se han entregado cerca de 45.000 hectáreas en Córdoba a comunidades campesinas, víctimas del conflicto y poblaciones afectadas por emergencias ambientales. La combinación de acceso a la tierra, justicia especializada y recuperación de ecosistemas perfila una hoja de ruta centrada en el ordenamiento territorial y la equidad rural.
