Los intereses totales que pagaría el país por los US$2.750 millones en bonos colocados, a lo largo de la vida de ambas emisiones, ascenderían a unos US$1.705,06 millones. De ese monto, aproximadamente US$575 millones corresponderían al primer tramo y US$1,130.06 millones al segundo. El pago anual sería de US$164 millones y el capital (US$2,750 millones) se amortiza al vencimiento de cada bono.
No obstante, se trató de una ejecución exitosa. Aunque el costo promedio ronda el 6%, superior a las emisiones realizadas entre 2013 y 2019 —cuando las tasas oscilaron entre 4% y 5%—, ello responde principalmente a un entorno internacional de tasas base más elevadas, especialmente en los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Por tanto, el aumento del costo no obedece tanto a un deterioro del riesgo país, sino al nuevo contexto financiero global.
La diferencia de apenas 0.40 puntos porcentuales entre las tasas aplicadas a los dos tramos (5.75% a ocho años y 6.15% a 12.25 años) revela que el mercado mantiene confianza en la economía dominicana en el mediano plazo.
Asimismo, el diferencial entre las tasas de esta emisión y las de los bonos del Tesoro —que actualmente se sitúan entre 4% y 4.5%— refleja una prima de riesgo moderado, de entre 150 y 220 puntos básicos, según el tramo. Esto sugiere una percepción de riesgo contenida para un emisor emergente que aún no cuenta con grado de inversión pleno. En un entorno de tasas globales altas, colocar deuda a 12 años por debajo del 6,5% constituye una señal positiva.
En cuanto a la demanda, la emisión fue sobresuscrita 2,6 veces —US$7.200 millones frente a una oferta de US$2.750 millones—, lo que evidencia confianza en la estabilidad macroeconómica, una percepción de riesgo relativo bajo y un contexto de alta liquidez internacional en busca de rendimiento, entre otros factores favorables. Una demanda equivalente a 1.5 veces lo emitido habría sido aceptable; dos veces, buena; pero al superar 2.5 veces la oferta, puede calificarse sin dudas como sólida.
Para que el país asimile adecuadamente el costo de este financiamiento, será necesario asegurar un crecimiento nominal del PIB en dólares por encima de su tasa potencial.
Para lograrlo, debe priorizar proyectos con alto multiplicador económico, acelerar la inversión en infraestructura logística y energética, evitar que los recursos se diluyan en gasto corriente improductivo y fortalecer la coordinación entre las políticas fiscal y monetaria.
Además, resulta fundamental mantener un saldo adecuado entre deuda en pesos y en dólares, aprovechar períodos de estabilidad cambiaria para prepagar o refinanciar obligaciones y profundizar el mercado de deuda en moneda local a plazos más largos. A mayor proporción de deuda en moneda local, menor será la vulnerabilidad cambiaria.
Con la implementación de estas medidas, el país podría reducir y estabilizar la relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB), consolidando así la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
