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Con un plazo establecido en la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos para la prohibición de la entrega gratuita de fundas plasticas en comercios de la República Dominicana, las empresas estudiarán, junto a las autoridades, el desarrollo de un reglamento que permita la implementación efectiva de esa disposición.
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Así lo indica Jennifer Troncosodirectora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), quien informó que para la próxima semana está previsto un encuentro en el que participarán representantes del Ministerio de Medio Ambienteel sector plástico y de los establecimientos comerciales.
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«Junto con ellos, la idea es que veamos cómo podemos hacer un reglamento que sea ejecutable. Hemos dicho que esto es algo que tienen que cumplir el colmaderoel de la farmacia, el carretero, los supermercados y las tiendas”, sostuvo.
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el artículo 27 de la Ley 98-25 modifica la aplicación del numeral 2 del artículo 172 de la Ley núm. 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidosy otorga un nuevo plazo de doce meses«a partir de la entrada en vigor de esta ley», para que quede totalmente prohibida a los establecimientos comerciales la entrega gratuita de bolsas o fundas plasticas de un solo uso.
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«En el curso del referido plazo de 12 meses, los establecimientos comerciales que todavía proporcionan fundas plasticas debe hacer campañas de sensibilización para sustituir su uso por fundas o bolsas reciclables o reutilizables y reducir el consumo de fundas plasticas«, reza el artículo.
El cobro de las fundas
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Según explicó la ejecutiva, una de las alternativas que evalúa el sector es el cobro de las fundas plasticas. En ese sentido, señaló que uno de los temas que se prevé abordar en la mesa es cómo se implementará el cobro, desde cuándo comenzará a aplicarse, bajo qué criterios, si por tamaño o calibre de la funda, y cuáles serían las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley.
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Explicó que se contempla la creación de una fórmula dentro del reglamento que permita fijar el costo de la funda al consumidor.
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«En principio, lo que buscamos es que lo que me cueste esa funda yo lo voy a transparentar, reconociendo que ya para la Dirección General de Impuestos Internos eso va a ser un inventario«, resaltó.
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«Cada vez que yo venda esa funda voy a tener que tributar, porque se entiende que hay una ganancia y vas a tener ITBIS. Para el consumidor va a tener lo que me cuesta más la carga tributaria. En eso tenemos que ponernos de acuerdo para que haya regularidad», indicó.
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Materiales para las fundas reutilizables
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La ejecutiva detalló que la ONEC ha abordado, además, «la incorporación progresiva de opciones más sostenibles», como respuesta a sectores de la población que utilizan las fundas plasticas para diversas multas.
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«Cuando se ha querido comenzar a implementar este tipo de medidas, hay personas que alegan que las fundas plasticas son necesarios para ellas porque, al final, en sus casas las utilizan”, explicó.
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«Hemos pensado no tener fundas de un único uso, sino unas que sean más fuertes y que puedan ser usadas para más ocasiones», indicó Troncoso, quien detalló que se ha contemplado el uso de otros tipos de materiales, como los orgánicos, para las fundas reutilizablesuna alternativa que aún es exploratoria.
La clave de la concienciación.
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Troncoso explicó que desde hace años los comercios han impulsado alternativas al uso Delaware fundas plasticas de un solo uso. Señaló que en supermercados y tiendas ya se ofrecen fundas reutilizables elaboradas con materiales más duraderos y que en establecimientos como zapaterías se han sustituido las bolsas plásticas por bolsas de carton.
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Sin embargo, la directora de la ONEC insistió en que el éxito de la medida dependerá en gran medida del nivel de conciencia ciudadana. Advirtió que, si no se comprende el objetivo ambiental, el consumidor simplemente pagará la funda y no se logrará el deseo que se persigue.
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Detalló que se ha abordado con las autoridades la necesidad de campañas de concienciación dirigidos a la población dominicana, a fin de que la medida no se perciba como una disposición exclusiva de los negocios, sino como una política estataly así evitar las eventuales quejas de los consumidores.
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