Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico David Racero, en el proceso que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver. La decisión, que aún puede ser apelada, desestimó las peticiones de los demandantes que pedían su “muerte política”.
El congresista era investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). De acuerdo con información divulgada por medios de comunicación, Racero habría solicitado a algunos de sus colaboradores apoyar actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá.
En el auto que admitió la demanda, el alto tribunal señaló: “Los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraron y atendieron un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá DC, hecho que fue registrado por varios medios de comunicación social”.
De acuerdo con el Consejo de Estado, un congresista puede incurrir de manera indirecta en una “destino indebida de dineros públicos” cuando encarga a funcionarios de su UTL actividades que no guardan relación con sus funciones legislativas.
Con base en ese criterio, los demandantes solicitaron la pérdida de investidura del senador, o también conocida como “muerte política”. Este, una de las sanciones más drásticas que tiene la ley colombiana en contra de funcionarios elegidos por voto popular, busca que un congresista pierda su cargo antes de terminar su período, como consecuencia de una conducta que, según la ley, atenta contra la dignidad del cargo y el principio representativo democrático.
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