El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la ley contra la multirreincidencia tras una votación que ha vuelto a evidenciar una mayoría parlamentaria poco habitual dado que PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN han replicado la alianza que ya se produjo hace un mes para sacar adelante la reforma del Código Penal, orientada a soportar las penas para quienes reinciden en delitos de hurto leve o estafa.
La norma ha superado su último trámite en la Cámara Baja envuelta en polémica, después de que el Gobierno vetara el martes, a su regreso del Senado, dos enmiendas introducidas por las derechas. El Ejecutivo ha justificado su decisión en la potestad constitucional de frenar iniciativas que implican un aumento del gasto público. En concreto, una de las propuestas contemplaba la ampliación de efectivos en extranjería, con la creación de 400 plazas y un coste estimado de 17 millones de euros, mientras que la otra planteaba la incorporación de 491 impuestos adicionales, con un impacto presupuestario cercano a los 54 millones.
Más allá del argumento económico, una de las enmiendas también pretendía frenar la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno, lo que ha contribuido a elevar la tensión política en torno a la tramitación de la ley. El veto ha sido acordado en la Mesa del Congreso, lo que ha provocado la reacción inmediata del PP, que ha anunciado la interposición de un recurso al considerar la decisión “muy grave” y denunciando un supuesto “vaciamiento de competencias” de las Cortes Generales. El episodio anticipa un nuevo choque institucional entre ambas cámaras.
Superado ese pulso, el pleno ha procedido a votar el resto de enmiendas incorporadas durante el paso de la norma por el Senado. Entre ellas, ha salido adelante una propuesta del PSOE que introduce un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico, con penas de prisión de seis a dieciocho meses o multas de doce a veinticuatro meses, especialmente orientado a los cultivos ‘indoor’ de marihuana, donde es habitual el fraude en el suministro.
La ley aprobada modifica tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Penal e introduce un endurecimiento generalizado de las penas. Entre otras medidas, establece condenas de hasta tres años de prisión por el robo de teléfonos móviles, tipifica como delito el denominado ‘petaqueo’ —el suministro de combustible en alta mar a narcolanchas— y refuerza la persecución de los robos de material agrícola.
La iniciativa, impulsada inicialmente por Junts y bloqueada durante más de un año en el Congreso, ha terminado prosperando en un contexto de geometría variable que el Gobierno ha asumido como parte de su estrategia parlamentaria. La aprobación se ha interpretado en clave política como un gesto del Ejecutivo y del PSOE hacia la formación de Carles Puigdemont.
Frente a esta mayoría transversal, los socios habituales del Gobierno —Sumar, Podemos y EH Bildu— han reiterado su rechazo a una norma que consideran ineficaz para combatir los hurtos y alineada, a su juicio, con postulados punitivistas. Por su parte, ERC ha optado por la abstención en las distintas votaciones, manteniendo una posición equidistante en un debate que ha vuelto a fracturar el bloque de la investidura.
