Un año de la tragedia del Jet Set. (Ilustración: El Nuevo Diario)
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POR: YHANELLY RODRÍGUEZ, LIDIA PINALES Y RONNIL PÉREZ
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este miércoles 8 de abril se cumple un año de la tragedia que marcó a la República Dominicana: el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Un año después, la herida sigue abierta.
El dolor no ha encontrado descanso. Tampoco la esperanza de que se haga justicia. Para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el tiempo no ha sido suficiente para sanar, y mucho menos para cerrar un capítulo que sigue inconcluso en los tribunales, por lo que el clamor de justicia continúa tan firme como el primer día.
Mes tras mes, los dolientes han regresado al lugar donde cambiaron sus vidas para siempre. Lo hacen con velas, flores, misas y silencios cargados de ausencia; lo hacen también con pancartas y voces que exigen respuestas.
Algunos han transformado su dolor en acciones que buscan preservar el legado de quienes perdieron. Es el caso de Melba Grullón, madre de Alexandra Grullón, una de las víctimas, quien cada día 8 recuerda a su hija ya su año, en sus redes sociales. En medio de su duelo, en junio de 2025, Melba creó el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón, impulsado a través de la Fundación Sur Futuro, con el objetivo de otorgar becas universitarias a jóvenes en situación de vulnerabilidad, en colaboración con instituciones como PUCMM y UNAPEC.
Cronología de una tragedia que aún estremece
La madrugada del 8 de abril de 2025, a las 00:44, el techo de la discoteca Jet Set colapsó sin previo aviso sobre cientos de personas que asistían a la presentación artística del merenguero Rubby Pérez; el saldo inicial fue de 221 fallecidos, cifra que luego ascendió a 236, incluyendo figuras como el propio artista, Octavio Dotel y Tony Blanco, mientras se activaban operativos de emergencia y se reportaban víctimas de distintas nacionalidades. Ese mismo día, el presidente Luis Abinader declaró duelo oficial mediante el Decreto 194-25 para los días 8, 9 y 10 de abril, ordenando que la bandera ondeara a media asta en todo el país.
El 14 de abril de 2025, familiares del primer teniente Virgilio Rafael Cruz Aponte presentaron la primera querella penal contra los propietarios del establecimiento y contra el Estado dominicano, alegando homicidio involuntario y falta de supervisión; un día después, el 15 de abril, el Ministerio Público informó que se habían recuperado 220 cuerpos, de los cuales 146 habían sido identificados, en medio de un proceso forense complejo que requirió el uso de datos biométricos y la colaboración de distintas instituciones.
El 17 de abril de 2025, las autoridades arrestaron a un hombre acusado de hacerse pasar por rescatista para obtener beneficios mediáticos; El 19 de abril, la Procuraduría inició acciones para impedir la transferencia de bienes del empresario Antonio Espaillat López, buscando garantizar posibles indemnizaciones a las víctimas.
El 7 de mayo de 2025, casi un mes de la tragedia, el Ministerio Público incautó al local del Jet Set como parte de la investigación; Semanas después, el 10 de junio, fue interrogado Gregory Adamés, quien además presentó querella y entregó evidencias que apuntan a advertencias previas sobre el estado del techo, señalando que la actividad se realizó pese a los riesgos.
El 12 de junio de 2025 fueron arrestados Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por presunta negligencia; el 19 de junio, un tribunal les impuso como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica, además de declarar el caso como complejo.
Ya en 2026, el 12 de enero fue aplazada la audiencia preliminar para marzo, mientras el 25 de enero familiares y sobrevivientes marcharon hacia el Palacio Nacional exigiendo justicia, entre consignas que reflejaban dolor e indignación; El 30 de enero, un tribunal rechazó la solicitud de un peritaje particular a los Espaillat, por considerarla extemporánea.
El 24 de febrero de 2026 surgió la petición de declarar el 8 de abril como Día de Duelo Nacional en memoria de las víctimas; el 1 de marzo, el movimiento de afectados denunció la falta de respuesta oficial y criticó el silencio en torno al caso; El 8 de marzo, los propios familiares declararon simbólicamente la fecha como día de luto, convocando a la población a solidarizarse.
El 16 de marzo de 2026 inició la audiencia preliminar, aunque fue aplazada; El 6 de abril, a solo días del aniversario de la tragedia, se desarrollaron nuevas audiencias en las que el Ministerio Público solicitó que los imputados fueran enviados a juicio de fondo, al tiempo que el tribunal le autorizó a los Espaillat a hacer el peritaje privado que les había rechazado anteriormente, en medio de escenas de tensión y reclamos de los familiares.
El dolor sigue latente
Mientras el tiempo avanza, el dolor y la indignación siguen latentes en quienes perdieron a sus seres queridos, en ese espacio en la que la diversión se transformó en tragedia.
Rafael José Navarro Velázquez, padre de Mariela Navarro, una de las víctimas mortales, no pudo contener su impotencia en la audiencia del seis de abril, al denunciar retrasos en el proceso y cuestionar la autorización otorgada durante la Semana Santa para que los imputados realicen un peritaje privado en las ruinas del lugar.
Entre lágrimas, su testimonio conmovió a los presentes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde aseguró que no descansará hasta obtener justicia para su hija.
“Por la ambición al dinero mataron a mi hija”, expresó otra madre en medio del dolor y la indignación colectiva, al señalar que debieron corregir las fallas estructurales del Jet Set.
“Son unos asesinos, acabaron con la vida de mi hija”, manifestó entre sollozos Socorro Valera, quien insistió en que la magnitud de la tragedia no puede quedar impune.
Sobre la etapa preliminar del caso
La fase preliminar de una audiencia es una etapa clave dentro del proceso penal, en la que el juez evalúa si existen elementos de prueba suficientes para que el caso pase a juicio de fondo, donde se produzca condena o absolución.
El Ministerio Público presenta la acusación formal junto a las evidencias recopiladas, mientras que la defensa puede objetarlas, solicitar nulidades o plantear incidentes.
Durante esta etapa no se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, sino que se analiza la consistencia jurídica del expediente.
El juez, en este caso Reymundo Mejía, del Primer Tribunal de la Instrucción, puede dictar auto de apertura a juicio, si entiende que hay méritos suficientes, o disponer el archivo del caso.
Este proceso judicial se desarrolla con más de 300 querellantes contra los Espaillat.
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