El presidente Gustavo Petro designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de Nueva EPS, según anunció la Presidencia de la República a través de sus redes sociales.
La aseguradora más grande del país se encontraba en un limbo jurídico y administrativo tras el vencimiento de su intervención el pasado 3 de abril.
Ospina, médico de profesión, llega en reemplazo de Luis Óscar Galvis, quien había sido nombrado agente interventor a finales del año pasado ya quien el Gobierno le pidió la renuncia en marzo.
La designación de Ospina, cercana al Gobierno de Gustavo Petro, no significa necesariamente que ya exista una prórroga de la intervención, pues hasta el momento no se conoce un acto administrativo.
En paralelo, la superintendente ad hoc, que debía emitir el concepto técnico para una eventual segunda prórroga, se encuentra por fuera del cargo por motivos médicos, lo que ha dificultado aún más la toma de decisiones.
De acuerdo con el procedimiento, una segunda prórroga —que equivaldría a una tercera etapa de intervención— exige que la superintendencia ad hoc remita un concepto técnico al Ministerio de Salud, entidad encargada de expedir el acto administrativo correspondiente. Sin embargo, ese proceso no se ha concretado, lo que ha contribuido al actual limbo jurídico.
Una crisis que no da espera
Este vacío de liderazgo se produce en medio de una crisis estructural que viene agravándose desde antes de la intervención en abril de 2024. La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados, enfrenta un deterioro financiero, operativo y administrativo que hoy pone en riesgo la prestación de servicios.
Uno de los principales problemas es la falta de información financiera actualizada. La entidad no presenta estados financieros claros desde hace dos años, lo que impide conocer con precisión su situación patrimonial.
A la opacidad financiera se suma un aumento sostenido en las quejas de los usuarios. En 2025, la EPS acumuló más de 518.000 reclamos, y según datos recientes, más de 120.000 tutelas permanecerían sin siquiera ser abiertos en sus canales de atención, lo que evidencia una profunda falla en la gestión.
Funcionarios de la Contraloría, durante proceso de inspección a la Nueva EPS. Foto:contraloría
La crisis también ha golpeado directamente la red hospitalaria. Varias clínicas y hospitales han suspendido servicios o contratos terminados debido a las deudas acumuladas. Casos como los de la Clínica Avidanti en Manizales, la Clínica San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio reflejan el impacto de la falta de pagos, con cierres de servicios y restricciones en la atención de pacientes.
En otras regiones, hospitales han advertido que podrían dejar de atender a los afiliados de la EPS si no se saldan las obligaciones pendientes. Según el sector hospitalario, la cartera podría superar los 5 billones de pesos, con un deterioro acelerado en los últimos meses.
REDACCIÓN SALUD
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