La Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, permanece en un limbo jurídico y administrativo tras el vencimiento de su intervención sin que exista, hasta ahora, una decisión oficial sobre su continuidad o levantamiento. En medio de este escenario, la Superintendencia Nacional de Salud respondió a EL TIEMPO que el futuro de la entidad aún está en análisis.
LEA TAMBIÉN
“Frente a Nueva EPS, el tema está siendo evaluado jurídicamente por la Presidencia, en conjunto con la Superintendencia ad hoc, con el fin de adoptar las medidas administrativas que corresponden”, señaló la entidad.
La declaración llega en un momento crítico: desde la medianoche del 3 de abril de 2026, cuando expiró la prórroga de la intervención decretada en 2024, no hay claridad sobre quién dirige la EPS ni bajo qué figura jurídica opera. La medida, que había sido extendida en dos ocasiones, no fue renovada este año, pero tampoco se ha expedido un acto administrativo que la levante formalmente.
La ausencia de decisiones de la superintendencia ad hoc y Minsalud mantiene a la EPS sin dirección. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @melgarejocesarnew
El resultado es un vacío sin precedentes. La entidad quedó sin interventor —luego de la salida de Luis Óscar Gálvez al vencerse el término de la medida—. En paralelo, la superintendente ad hoc, que debía emitir el concepto técnico para una eventual segunda prórroga, se encuentra por fuera del cargo por motivos médicos, lo que ha dificultado aún más la toma de decisiones.
De acuerdo con el procedimiento, una segunda prórroga —que equivaldría a una tercera etapa de intervención— exige que la superintendencia ad hoc remita un concepto técnico al Ministerio de Salud, entidad encargada de expedir el acto administrativo correspondiente. Sin embargo, ese proceso no se ha concretado, lo que ha contribuido al actual limbo jurídico.
LEA TAMBIÉN
Una crisis que no da espera
Este vacío de liderazgo se produce en medio de una crisis estructural que viene agravándose desde antes de la intervención en abril de 2024. La Nueva EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados, enfrenta un deterioro financiero, operativo y administrativo que hoy pone en riesgo la prestación de servicios.
Uno de los principales problemas es la falta de información financiera actualizada. La entidad no presenta estados financieros claros desde hace dos años, lo que impide conocer con precisión su situación patrimonial.
A la opacidad financiera se suma un aumento sostenido en las quejas de los usuarios. En 2025, la EPS acumuló más de 518.000 reclamos, y según datos recientes, más de 120.000 tutelas permanecerían sin siquiera estar abiertas en sus canales de atención, lo que evidencia una profunda falla en la gestión.
La Nueva EPS tiene más de 11 millones de usuarios a su carga. Foto:Luis Lizarazo García
La crisis también ha golpeado directamente la red hospitalaria. Varias clínicas y hospitales han suspendido servicios o contratos terminados debido a las deudas acumuladas. Casos como los de la Clínica Avidanti en Manizales, la Clínica San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio reflejan el impacto de la falta de pagos, con cierres de servicios y restricciones en la atención de pacientes.
En otras regiones, hospitales han advertido que podrían dejar de atender a los afiliados de la EPS si no se saldan las obligaciones pendientes. Según el sector hospitalario, la cartera podría superar los 5 billones de pesos, con un deterioro acelerado en los últimos meses.
Sin rumbo claro
A la crisis financiera se suma la inestabilidad administrativa. Desde el inicio de la intervención, la Nueva EPS ha tenido múltiples cambios en su dirección, con la rotación de varios interventores que han dificultado la implementación de estrategias de largo plazo.
Esta falta de continuidad, advierten expertos, ha debilitado la capacidad de respuesta de la entidad y ha impedido avanzar en su recuperación. Hoy, sin un liderazgo claro y con un proceso de decisión aún en evaluación, la incertidumbre es total.
LEA TAMBIÉN
El exministro de Salud Augusto Galán ha advertido que el país enfrenta un escenario sin precedentes, en el que no es claro ni siquiera el estatus jurídico de la EPS. La ausencia de un acto administrativo —ya sea para prorrogar o levantar la intervención— mantiene a usuarios, prestadores y autoridades en un “limbo” que impide tomar decisiones de fondo.
La falta de articulación para la segunda prórroga de la intervención profundizó el limbo jurídico. Foto:MAURICIO MORENO
Además, la falta de información financiera confiable agrava el panorama. Sin datos claros sobre el estado de la entidad, resulta imposible determinar si cumple con los requisitos para salir de la intervención o si requiere una nueva etapa bajo control del Estado.
Mientras tanto, el análisis jurídico al que hace referencia la Superintendencia avanza sin plazos definidos. No hay claridad sobre cuándo se adoptará una decisión ni sobre cuál será el camino: una nueva prórroga, el levantamiento de la intervención o un cambio en el modelo de administración.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
! function (f, b, e, v, n, t, s) {
if (f.fbq) return;
n = f.fbq = function () {
n.callMethod ?
n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments)
};
if (!f._fbq) f._fbq = n;
n.push = n;
n.loaded = !0;
n.version = '2.0';
n.queue = ();
t = b.createElement(e);
t.async = !0;
t.src = v;
s = b.getElementsByTagName(e)(0);
s.parentNode.insertBefore(t, s)
}
(window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '2639268933010768');
fbq('track', 'PageView');
